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El Servicio de Planificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo está culminando la documentación para elevar al consejo rector, donde se encuentran representados todos los partidos políticos de forma proporcional al Pleno, la propuesta de aprobación provisional del plan especial de la carretera de Palma del Río, que tiene como uno de sus objetivos la legalización de las naves de Colecor. Tras las negociaciones entre la Junta y el Ayuntamiento impulsadas por la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, Urbanismo presentará al resto de partidos políticos una iniciativa que condiciona un marco de legalidad para unas instalaciones construidas sin licencia por Arenal 2000 a cambio de que su propietario elimine uno y medio de los cuatro módulos que se levantaron en su día en una de las construcciones más polémicas del término municipal. En total, 15.000 metros cuadrados que tendrían que acabar en el suelo para que se produjese la legalización efectiva de las instalaciones.
En realidad, los negociadores no se han quebrado la cabeza porque se ha hecho una media aritmética entre posiciones dispares. El Ayuntamiento proponía que se tiraran 10.000 metros cuadrados de las naves en el documento de aprobación inicial mientras que la Junta -que nunca llegó a emitir informe oficial- y el Partido Socialista consideraban que la cifra mínima para empezar a hablar era de 20.000. El resultado es justo el camino de en medio, 15.000 metros cuadrados, dicho en términos de la huella del edificio.
En términos de ocupación, la Gerencia pasaría de considerar una cuota del 25% de la superficie del sector de Colecor (que mide unos 120.000 metros cuadrados) a una cifra que estaría en torno al 20% de la parcela total de la cooperativa láctea, incluyendo los llamados usos históricos, la ampliación realizada por Arenal 2000 y unos terrenos ubicados junto al canal que no se encuentran urbanizados pero están dentro de la cancela. Uno de los datos clave de todo el proceso es que a la empresa propietaria de las naves (un banco inició su ejecución por el impago de una hipoteca ante el juzgado de lo mercantil), se le quedarían más de 40.000 metros cuadrados útiles entre las instalaciones históricas y el complejo de nueva planta. Un edificio más grande que el pabellón levantado por Cajasur en el Parque Joyero que tiene un total de 30.000 metros cuadrados construidos.
En principio, el plan especial de la carretera de Palma iba a llevarse al consejo el pasado lunes, cuando se celebraba sesión extraordinaria para aprobar las alegaciones a la Ronda Norte. Las fuentes municipales consultadas -en todos los partidos políticos- dan por descontado que se intentará que el debate se produzca en la reunión del lunes, que tiene carácter ordinario. La aprobación inicial se produjo con el voto a favor de IU y en contra del PSOE. La Junta de Gobierno Local llegó a tener uno de esos momentos cogobierno, cuando todos los representantes socialistas se ausentaron de la sesión -unos por agenda, otros por vacaciones- que autorizó el expediente urbanístico.
Que la política está detrás de la actual situación lo demuestra que, prácticamente, no se va a tocar el régimen de suelo que se fijó en la aprobación inicial. Las negociaciones, en este sentido, han sido poco finas para como se suele hablar en este tipo de cuestiones, donde se tienen en cuenta factores territoriales o posibles efectos en casos similares ubicados en otras zonas de Andalucía.
Arenal 2000 reclamó en una alegación -que tiene que ser desestimada oficialmente todavía- que la Gerencia de Urbanismo le permitiera ampliar las funciones de las naves para poder vender al por menor. La tesis generalmente aceptada es que los artículos del plan relativos al aprovechamiento empresarial del espacio quedarán igual: se permitirá industria y gran almacenamiento sin venta que no pueda bajo ninguna circunstancia colocarse en un polígono industrial por la falta de oferta (algo que a día de hoy es verdaderamente difícil de defender). Si alguien tiene otra idea al respecto, tendrá que cambiar las normas del juego en el futuro para hacer de las naves una moneda de cambio.
Una de las cuestiones que hay que precisar es que la aprobación del plan especial de la Gerencia no supone la legalización inmediata de las naves de Colecor. Al ser un plan especial de suelo no urbanizable, el interesado tiene que tramitar un proyecto de actuación, documento urbanístico que aprueba la instalación temporal de edificaciones empresariales que se consideren de interés público. Arenal 2000 ya tiene en su haber una sentencia judicial en la que se asegura que el proyecto que quería instalar en Colecor no reúne esas condiciones, ya que no quedó suficientemente acreditado que no existiesen alternativas de ubicación en suelo considerado legal, otro de los escollos que se encuentra el polémico expediente urbanístico.
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