Urbanismo aprueba una ordenanza para la evaluación y rehabilitación de edificios en ruinas en Córdoba

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado por unanimidad, a propuesta del presidente, Salvador Fuentes, elevar al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba un dictamen para prorrogar los plazos de presentación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), en tanto se ha producido la aprobación de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de Edificación (OCER) que tiene por objetivo ser "un instrumento clarificador" en la "regeneración y renovación urbana".

Esta decisión viene motivada en que la continuación de la tramitación del documento de esta futura ordenanza, estaba pendiente de la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo de Andalucía, la llamada Ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista), la cual se ha producido finalmente en fecha muy reciente -la aprobación por el Parlamento Andaluz se produjo el pasado 25 de noviembre, publicándose en el BOJA del 3 de diciembre-.

Una vez que se ha aprobado esta Ley, con el nuevo panorama legislativo ya despejado, desde la Presidencia de la GMU, se procede a activar nuevamente la tramitación de la ordenanza en su fase final, "siendo inexcusable el exhaustivo análisis de la misma con el texto legal definitivamente aprobado, que estará vigente a los 20 días de su publicación", según han explicado desde la GMU.

La ordenanza, que se estructura en un título preliminar y tres títulos más, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo conteniendo un modelo de informe de evaluación de edificios, regula para el municipio de Córdoba todos los aspectos relacionados con la conservación y rehabilitación edificatoria y el deber legal que conlleva en sus dos vertientes: las obligaciones derivadas de dicho deber legal para los propietarios y las potestades administrativas que se contemplan en la legislación para su efectividad; asimismo regula la evaluación de las edificaciones en cuanto a dicha conservación. a su accesibilidad y a la eficiencia energética. Finalmente contempla la situación de ruina urbanística.

Es por ello que, tras un proceso "tan dilatado y complejo" -en el que es preceptiva la consulta pública y trámite de participación ciudadana, directa y a través del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social de la Ciudad-, la Ordenanza que se apruebe ha de ser coherente con la nueva ley, al objeto de que sus disposiciones queden armonizadas con la misma en aplicación del principio de legalidad y de jerarquía normativa. Siendo previsible que en el ejercicio 2022, la ordenanza con el mayor consenso posible, pueda quedar definitivamente terminada y aprobada.

El Gobierno municipal "trabaja paralelamente en arbitrar una serie de medidas complementarias de fomento y apoyo para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley y las que puedan derivarse de su aplicación", han informado.

Acerca de esta decisión, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha señalado que “esta ordenanza constituye un paso decisivo, que supondrá abordar por parte del Ayuntamiento una solución adecuada a una realidad y un problema histórico debido a la antigüedad de muchas de las edificaciones del parque de viviendas de la ciudad, combinando el legítimo interés general de protección y seguridad del patrimonio edificado con el interés particular de cada uno de los ciudadanos, que según los casos, puedan verse afectados".

En definitiva, para Fuentes la ordenanza "es un instrumento normativo más del que se dota la ciudad en beneficio de todos, teniendo en cuenta que gran parte del centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, contribuyendo positivamente a favorecer esta realidad junto a otros instrumentos normativos de los que ya se dispone”.

Tras el Consejo Rector, se ha facilitado a los representantes de los diferentes grupos políticos una copia del borrador de la nueva ordenanza "para que puedan trabajar en sus aportaciones con vistas a aprobarla en el menor plazo posible con el máximo consenso, dada su importancia para el futuro de la ciudad".