La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación inyectará 25 millones de euros antes de que finalice el año a las nueve universidades públicas andaluzas para contratar a unos 1.000 jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo y de gestión a la I+D+I durante un periodo de 12 meses. De ese montante, la Universidad de Córdoba (UCO) contará con 2,45 millones para destinarlos a unas 100 contrataciones.

El departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos está ultimando la transferencia de las subvenciones nominativas por dicho importe a las instituciones académicas, que serán las encargadas de realizar directamente dichas contrataciones. Este programa constituye una de las cuatro grandes líneas de actuación desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para impulsar la ciencia en Andalucía y tiene como finalidad mejorar la empleabilidad y la formación de este colectivo mediante la obtención de una práctica profesional en el ámbito de la investigación científica, así como reforzar las actividades de investigación de las entidades a las que se incorporan.

Por instituciones académicas, la Universidad de Almería podrá disponer de un presupuesto de 1,42 millones para emplear a 57 jóvenes titulados, la Universidad de Cádiz percibirá una partida de 1,87 millones para incorporar a 75 ayudantes de investigación y personal técnico, y la Universidad de Córdoba contará con 2,45 millones de euros para destinarlos a unas 100 contrataciones.

Asimismo, la Universidad de Granada recibirá fondos públicos por valor de 6,72 millones para 270 perfiles, la Universidad de Huelva se beneficiará de un millón de euros para emplear a 42 personas, la de Jaén tiene asignados 1,32 millones para 54 jóvenes investigadores y técnicos y la de Málaga, 3,10 millones para 122 personas. Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide podrá contratar a 45 jóvenes con una partida de 1,10 millones y la cuantía para la Universidad de Sevilla asciende a seis millones para un total de 235 contratos.

La iniciativa ofrece la oportunidad a estos jóvenes de adquirir competencias profesionales en I+D+I. En concreto, los destinatarios realizarán actividades de apoyo y de gestión de la investigación en los grupos, departamentos, institutos universitarios, centros y servicios de las universidades públicas andaluzas.

Con este desempeño reforzarán, además, el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación de este tipo. Estas contrataciones están dirigidas a jóvenes menores de 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que cuenten con una titulación universitaria -licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado- y en Formación Profesional de Grado Superior o Medio. Estas ofertas se realizarán en régimen de concurrencia competitiva; es decir, en función de los méritos académicos de los aspirantes, que serán evaluados por las propias universidades.

Los contratos tendrán un importe anual que oscila entre los 26.000 euros en el caso de titulaciones universitarias, los 22.500 euros en el supuesto de titulación de Formación Profesional de Grado Superior y los 18.600 euros para la Formación Profesional de Grado Medio. Esas cuantías se destinarán a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social del personal contratado.

Esta medida se nutre del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021- 2027, diseñado a nivel europeo con el fin de combatir, entre otros aspectos, el alto nivel de desempleo que registra el colectivo juvenil, sobre todo aquellas personas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un primer empleo. A esta aportación de 2023 se sumará otra partida de 40 millones en 2024.

Cobertura de toda la carrera investigadora

La investigación y la innovación constituyen un área de alto interés para la comunidad, ya que ambas promueven el progreso y bienestar de la sociedad y están estrechamente ligadas a la competitividad empresarial y, por tanto, al desarrollo económico de la comunidad.

Por eso, apoyar al talento investigador capaz de hacer aportaciones valiosas a la ciencia andaluza desde el inicio hasta la consolidación de su trayectoria constituye una prioridad. La Consejería de Universidad realiza ese acompañamiento mediante cuatro grandes programas. El primero de ellos es el dirigido a la incorporación en las instituciones académicas públicas de estos jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+I, el segundo está orientado a la formación predoctoral, el tercero persigue la contratación de investigadores con el título de doctor y el cuarto tiene como objetivo la captación de perfiles más consolidados y prestigiosos a nivel internacional a través de Emergia.

El próximo ejercicio se convocarán incentivos acogidos a estas cuatro líneas de trabajo por valor de 78 millones de euros y, para poderlos activar, la Junta ya ha aprobado las bases reguladoras que recogen las directrices y requisitos que guían su concesión.

La orden de bases de estas ayudas recoge, por primera vez, la exigencia de estabilización del empleo científico para las universidades y los organismos públicos de I+D+I, principales receptores de esta financiación, tanto en las ayudas destinadas a la contratación en la etapa posdoctoral como en Emergia. Con esta medida, que contempla el compromiso de crear una plaza con el mismo perfil de la ayuda concedida, se pretende facilitar el acceso a la carrera investigadora de este personal y mejorar las condiciones de su actividad.

Por otro lado, el documento también fija una serie de criterios que persiguen reforzar la movilidad y la internacionalización de los científicos andaluces para favorecer su formación y la transferencia de conocimiento con otros centros internacionales de prestigio, con el fin último de situar a la I+D andaluza a la vanguardia del conocimiento.

En virtud de ello, se establece como requisito para optar a las ayudas de formación predoctoral estar matriculado en programas de doctorado con mención internacional o estar en condiciones de hacerlo antes de la formalización del contrato.

En las líneas posdoctorales y Emergia se exige un periodo de estancia o vinculación laboral de al menos un año en universidades y centros de investigación de otros países. Con todo ello se busca facilitar, además, el retorno del talento andaluz que desarrolla su labor fuera de la comunidad.

Asimismo, el nuevo texto legal rebaja considerablemente la carga administrativa de las convocatorias, simplificando y agilizando los procedimientos, especialmente en lo que respecta a la justificación de los gastos mediante la concesión, justificación y certificación por módulos o costes simplificados.

Con la entrada en vigor del documento, las entidades receptoras de los fondos públicos no tendrán que justificar cada uno de los gastos realizados en concepto de salarios, contratos, pago a la Seguridad Social y movilidad del personal contratado. Tan sólo será necesario presentar memorias justificativas de cumplimiento de las condiciones exigidas para la concesión de la subvención.