La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha exigido al Gobierno andaluz “una apuesta real” por la Formación Profesional en la provincia de Córdoba, que se haga “desde lo público” y llegue también “a los pueblos y zonas rurales”. Naranjo ha denunciado que “muchos centros públicos están tratando de llevar la FP a los pueblos en los que se ubican y solo encuentran trabas en la administración”, mientras la Consejería de Educación pone “una alfombra roja a negocios privados, como acaba de suceder en Córdoba con el proyecto de la antigua facultad de Agrónomos”.

Naranjo ha reiterado que la educación, como la vivienda, la energía o la sanidad, “es un derecho básico que no puede estar a merced de intereses privados ni regirse por criterios económicos que no van a garantizar un acceso en igualdad de condiciones para toda la población”. De esta manera, estas oportunidades formativas, esenciales para combatir “la insoportable tasa de paro juvenil que tenemos en nuestra tierra”, serán solo “para quien pueda pagar entre 6.000 y 9.000 euros de matrícula para acceder a ellas”. Por ello, “deben ser las administraciones públicas las que planifiquen la oferta educativa”, con una atención especial al mundo rural donde “el acceso a servicios básicos está muy mermado”. De lo contrario, estaría “negando a miles de jóvenes una mayor cualificación profesional y condenándoles al paro, la precariedad y los bajos sueldos”.

Además, la diputada andaluza ha incidido en el papel que la FP “puede y debe tener en el cambio de modelo productivo que necesita nuestra tierra”, asociada a sectores estratégicos como la agroindustria o las renovables, pero también “en la lucha contra la despoblación de zonas rurales, que debe combatirse con servicios y oportunidades laborales y de formación en esos mismos sectores”. Naranjo ha lamentado que esa idea “no entra dentro de los planes de la empresa privada”, y que debe ser la Junta de Andalucía quien “lleve la iniciativa generando mejores condiciones de vida y de desarrollo en los pueblos, evitando concentrar todos los servicios en las capitales”.

Naranjo ha recordado a Educación que, cada curso, entre 30.000 y 40.000 alumnos y alumnas se quedan fuera de la FP por falta de plazas en toda Andalucía, lo que muestra un claro “déficit” que debe ser atajado desde lo público y no a través del sector privado ni de la figura del concierto, que supone “financiar con fondos públicos el negocio de unos pocos”. La diputada andaluza ha advertido de que esta práctica es “un paso más en la agenda privatizadora” del Gobierno andaluz, que está jugando un papel “cómplice con las empresas que hacen negocio con un servicio básico” y demostrando “no creer en lo públic