La Universidad de Córdoba (UCO) aseguró ayer que "las actuaciones en materia de jubilaciones voluntarias incentivadas están aclaradas y acreditadas ante los órganos competentes". La institución académica salió así al pasado del informe del Tribunal de Cuentas, organismo que ha detectado hasta tres millones de euros en prejubilaciones "sin soporte legal" concedidas por la UCO entre 2007 y 2009; una situación que se repite, según el citado informe, en otras 32 universidades españolas. El informe dice también que en estas instituciones se "ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito" creando una figura nueva, la de "profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado" que a juicio del Tribunal de Cuentas, "no tiene cobertura legal y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal".

La UCO remitió ayer una nota en la que recuerda la suspensión cautelar del proceso de jubilaciones voluntarias para el curso 2011-2012, un programa que la institución académica derogó de manera definitiva en el consejo de gobierno del pasado mes de mayo. La paralización provisional del plan llegó en julio del año pasado después de que el Tribunal de Cuentas informara a la Junta de que abriría diligencias preliminares sobre los planes de jubilaciones incentivadas de las universidades de Almería, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Córdoba. Desde entonces, la institución académica ha defendido que "tiene perfectamente fundamentada la posible responsabilidad contable por alcance", algo que ya se ha confirmado.

Al respecto, en la citada nota la Universidad recordó por ello "aportó todos los documentos y datos solicitados en el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas con el fin de estudiar posibles responsabilidades por alcance". Recordó también que el propio Tribunal de Cuentas "en auto remitido el pasado mes de junio a la Universidad de Córdoba ha dado cuenta del archivo de las actuaciones sin que de ellas pueda deducirse ningún tipo de responsabilidad por alcance económico" y señaló que "se han archivado las actuaciones respecto de otras universidades andaluzas y españolas".

La Universidad informó también de que "siguiendo el dictamen reiterado del Consejo Consultivo de Andalucía ante las consultas realizadas por varias universidades andaluzas, la UCO ha levantado la suspensión cautelar de la convocatoria 2011-2012 únicamente y de modo excepcional en lo que respecta a los profesores que solicitaron su jubilación antes de la citada suspensión cautelar, manteniéndose la supresión definitiva del programa, en los términos acordados, a partir del curso 2012-13".

Tal y como ya informó El Día, la partida reservada por la UCO para financiar este programa se elevó hasta los 2,3 millones de euros en 2012, mientras que para el actual ejercicio se ha reducido a los 2,1 millones, lo que representa una disminución del 8,6%.

Fue el equipo rectoral que entonces lideraba Eugenio Domínguez el que se fijó entre los objetivos de su mandato potenciar las políticas encaminadas a las jubilaciones voluntarias anticipadas, con la intención de satisfacer las aspiraciones del profesorado de mayor edad y permitir la contratación de personal joven en las áreas que fueran deficitarias desde el punto de vista de carga docente. El primer año de vigencia se acogieron voluntariamente a la jubilación anticipada a los 65 años apenas una decena de profesores de la institución académica. Desde entonces, han sido más de un centenar los docentes que se han adherido al programa.