Trabajadoras sociales piden conservar su empleo hasta que llegue la subvención

Parte del personal que cada año contrata el Ayuntamiento como refuerzo de la Ley de la Dependencia -y cuyos contratos dependen de una subvención de la Junta de Andalucía- se concentró ayer para exigir el mantenimiento de sus puestos de trabajo ya que desde el pasado 31 de diciembre están sin contrato tras no haberse aprobado la transferencia. En esta situación se encuentran varios auxiliares administrativos y nueve trabajadoras sociales que ayer protestaron en la puerta del Ayuntamiento para solicitar que se conserve su empleo y se amparan en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social el pasado mes de febrero en la que se les reconoce como personal laboral indefinido. Esto significa, según apuntó la portavoz de los afectados, María José Urbano, que su contrato no tendría que rescindirse cada año, sino que la relación laboral con el Ayuntamiento es similar a la del resto de funcionarios. Las trabajadoras sociales exigieron, por tanto, que se aplique la sentencia para que puedan volver ya a su puesto de trabajo, independientemente de la transferencia de la subvención de la Junta.

Urbano aseguró también que ya existe "un compromiso" de la administración autonómica de que se va a realizar el pago en el próximo consejo de gobierno, algo que ha valido para el mantenimiento del servicio en otros ayuntamientos como es el caso de Lucena. Las diputaciones de Granada, Cádiz, Málaga o Sevilla también han prorrogado el contrato a la espera de la llegada del dinero. El mismo Ayuntamiento de Córdoba decidió el año pasado conservar los empleos y usar unos remanentes de la Delegación de Servicios Sociales para el pago de las nóminas, pero esta vez no se ha podido llegar a este acuerdo por la falta dinero.

Según Urbano, el cese de su contrato está provocando que los servicios sociales comunitarios "se saturen todavía más" ya que atendían a una media de 60 peticiones mensuales no sólo relacionadas con las dependencia, sino con todas las prestaciones que competen al Ayuntamiento desde vivienda a menores. La Junta tiene que transferir 352.000 euros al consistorio cordobés para el pago de las nóminas de los empleados de refuerzo de la Dependencia.