Educación

Las denuncias al Teléfono del Defensor del Profesor caen a ocho "graves" en Córdoba

  • Desde ANPE aseguran que "hay más casos, pero el miedo o la apatía hacen que no se denuncien"

Un profesor imparte clase en un instituto de la capital

Un profesor imparte clase en un instituto de la capital / El Día

El número de casos que llegan hasta el Teléfono del Defensor del Profesor que gestiona la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha caído hasta menos de la decena, en concreto, hasta los ocho a lo largo del pasado curso escolar. Por un lado, se trata del mejor dato de los últimos tres ejercicios educativos, ya que en el curso 2016 este servicio registró una docena de casos, mientras que en 2017 la cifra se elevó hasta la quincena.

Desde ANPE hacen una lectura al respecto, que se basa en el hecho de que el profesorado no denuncia los hechos, al tiempo que inciden en que los docentes den a conocer estas situaciones para poder ofrecerles ayuda.

No obstante, desde esta organización sindical exponen que a pesar de esta más que notable reducción de casos a lo largo del pasado curso se recibieron "multitud de llamadas por diversos temas, como pueden ser problemas para dar clase por indisciplina de los alumnos, problemas con el equipo directivo o con la administración educativa" y detallan que "hemos elevado a la calificación de caso grave ocho a lo largo del año, una cifra inferior al de años anteriores". En esta línea, consideran que "hay más casos, pero el miedo o la apatía hacen que no se denuncien".

En concreto, según la información facilitada por ANPE, de todos los casos detectados tres de ellos han sido por insultos graves por parte de alumnos de Secundaria al profesorado, mientras que otros dos casos han sido amenazas por parte de las familias a los docentes.

Insultos, amenazas o desperfectos al vehículo de un docente son algunos de los casos tramitados por el servicio que presta ANPE

A estos cinco casos se suma uno más de posible acoso por parte de algún miembro del equipo directivo a un docente y otro más de desperfectos al vehículo de un profesor. El último de los incidentes registrados y por el que un profesor ha recurrido a este servicio de ayuda telefónica ha sido tras recibir insultos y después de un se pusiera en tela de juicio la labor de un docente a través del grupo de Whatsapp de familias.

Con todos estos episodios, la de Córdoba es la provincia andaluza, junto con la de Jaén, en la que menos llamadas se han registrado al Teléfono del Defensor del Profesor de ANPE.

Infantil y Primaria concentran el 52% de los casos

Es en los cursos de Infantil y Primaria, donde se suceden la mayor parte de este tipo casos –en concreto, un 52% y en la mayor parte de las ocasiones están protagonizados por las familias de los alumnos. En el caso de Secundaria, por su parte, se han detectado un 36% de incidentes y el 12% restante en cursos de Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Según ANPE, el 43% de los casos atendidos se relaciona con situaciones ocurridas con el alumnado, el 27% con las familias y el 30% con problemas con otros docentes, en especial miembros de equipos directivos, y con la administración educativa.

Cuando el protagonista es el alumnado, un 67% de los casos están relacionados con las dificultades para desarrollar con normalidad la labor docente, ligadas a menudo a faltas de respeto y agresiones verbales sufridas por el profesorado.

Esta violencia se manifiesta de un modo más extremo mediante agresiones y daños en propiedades del profesorado (10% de los casos). También destaca el creciente acoso a través de los nuevos medios tecnológicos, que han supuesto el 23% de los casos denunciados.

El servicio que presta ANPE cuenta también con un psicólogo, que es el que atiende cada caso que llega

El servicio que presta ANPE al profesorado –que se puso en marcha en 2005– a través de este teléfono de ayuda cuenta también con un psicólogo, que es el que atiende cada caso que llega. Se trata de una primera toma de contacto esencial para cualquier docente amenazado o que ha sido insultado mientras ejercía su profesión. Tras ella, se hace un seguimiento telefónico y si es posible se realiza una entrevista personal para comprobar el estado del profesor.

Ante estos datos, ANPE incidió en que para que haya una reducción de los mismos es necesaria "una mayor dotación de recursos, tanto en formación del profesorado en resolución de conflictos como en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas" y exige a la Junta de Andalucía que dote al profesorado de autoridad pública. Se trata de una demanda que también hacen otros sindicatos como CSIF, que también reclama un desarrollo normativo que confiera al profesorado como autoridad judicial, tal y como existe en otras comunidades.

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