Tanatorios de Córdoba (TdCO) denunció ayer el "oscurantismo" con el que el Ayuntamiento está llevando el proyecto de las salas velatorio del cementerio de San Rafael y aseguró que ha presentado tres escritos diferentes a Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) solicitando "su personación en cualquier procedimiento en los que pudiera incoarse en el servicio de licencias pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta".

El primero de los escritos fue presentado el 28 de marzo de 2017. Tras casi un año sin respuesta, TdCO presentó una segunda solicitud a la GMU el pasado 23 de enero y otra más el 27 de febrero. "Ninguna de esas solicitudes ha recibido respuesta hasta la fecha" y es por ello que desde Tanatorios de Córdoba critican "el oscurantismo y la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo el anuncio de la construcción del nuevo Tanatorio Municipal en el cementerio de San Rafael, tras los informes presentados por diversos expertos de reconocido prestigio que han manifestado su presunto carácter de ilegalidad".

Según ha informado el Colegio de Arquitectos de Córdoba, el plazo para otorgar una licencia de su solicitud está en torno a los ocho meses de duración. "Por eso no entendemos cómo es posible que Cecosam tenga previsto iniciar las obras para verano de 2018 si no hay siquiera constancia de la presentación de la solicitud de licencia. Da la sensación de que se está jugando con una posición de poder respaldado por la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio", aseveran desde la empresa, "A esta poca claridad en los plazos se suma, además, el oscurantismo con el que ha actuado el Ayuntamiento tras recibir el informe de Intervención municipal del propio Consistorio", según la entidad, que indicó que "el documento, que estaba en manos de la Alcaldía desde el mes de enero, pone serias trabas a la empresa pública para poner en marcha el proyecto". Desde TdCO insisten en que "ese documento nunca fue trasladado a los miembros del consejo de administración de la empresa; según el informe técnico, no se podría emplear capital público para desarrollar iniciativas privadas que deben hacerse en régimen de libre concurrencia".