En estos días se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y Córdoba lo hace pocas fechas después de saber que su Sierra Morena no será parque natural, tal y como se pretendía desde algunos colectivos ecologistas en un proceso que estaba abierto y que la Junta acaba de abandonar. Pero, ¿qué es un parque natural? Se trata de espacios verdes al aire libre que, debido a su gran riqueza biológica o geológica, son zonas protegidas de forma especial por la Administración. En estas zonas existen leyes que limitan las actividades del ser humano y cuyo objetivo es evitar el deterioro de los ecosistemas que albergan.  

En declaraciones a este periódico, el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Giuseppe Carlo Aloisio, ya insistió en que la iniciativa no ha prosperado, entre otros motivos, porque “no hubo interés por parte de ninguno de los ayuntamientos afectados”, entre ellos el de la capital. “La declaración de protección de un espacio natural debe venir desde abajo, desde el territorio y no desde las instituciones. Es algo que la sociedad debe percibir, sentir y finalmente plasmar en declaraciones de voluntades que conduzcan a ese fin”, explicó. Para añadir tajante que “si a todo eso le sumas que ni los ayuntamientos decidieron seguir y las organizaciones profesionales agrarias lo vieron como una amenaza, llegas a la conclusión de que no era una propuesta que contaba con ese respaldo de base que es necesario para fundamentar esa apuesta”.

El 2 de mayo de 1991 el pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobaba por unanimidad la propuesta presentada por Acción Ecologista Guadalquivir para iniciar los trámites y pedir que la Junta de Andalucía procediera a la declaración como parque natural de la Sierra de Córdoba, pero este trámite no llegó a llevarse a cabo por parte de la entidad local. "Después de un cuarto de siglo desde esa propuesta ciudadana para que se declarara la Sierra Morena de Córdoba parque natural, creemos que ha llegado el momento de que se haga realidad esta histórica reivindicación", rezaba el manifiesto ciudadano por la protección integral de la Sierra de Córdoba. Además,  la Diputación aprobó por unanimidad una moción en mayo de 2016 apoyando la declaración, aunque con la matización de que se remitiría a los ayuntamientos para que evaluaran la iniciativa

La Junta comenzó a buscar ese consenso en 2016. Ese año creó una mesa de participación integrada por 18 ayuntamientos de la provincia, la Diputación, los colectivos ecologistas y los agentes sociales y económicos para analizar y debatir esa declaración, una declaración que como insistió el entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, no iba a ser posible sin ese amplio consenso de la sociedad civil y el aval de los ayuntamientos implicados. Dicha mesa de trabajo tardó en reunirse un año, en septiembre de 2017. En el acta de la misma se observaba la opinión contraria de las patronales agrarias. La segunda mesa de trabajo se realizó en octubre de 2018, y la situación empeoró, con el rechazo frontal de patronales agrarias,y otras organizaciones empresariales, y de los ayuntamientos asistentes, a pesar de los documentos presentados por la Junta mostrando las ventajas de la declaración y los argumentos de los partidarios.

El ecologista Bartolomé Olivares -uno de los históricos impulsores de la declaración junto al abogado especialista en Derecho Ambiental Ángel B. Gómez Puerto y los catedráticos de la Universidad de Córdoba (UCO) Bartolomé Valle Buenestado y José Roldán Cañas- tenía claro desde el principio que ese consenso no iba a ser posible. Olivares sabía que había muchos ayuntamientos que no estaban por la labor, como tampoco lo estaban los agricultores, que temían las restricciones que eso supondría para esa actividad.

Vista de la Sierra de Pozoblanco.

El integrante de Acción Ecologista Guadalquivir estaba convencido de que con la no declaración se perdía una oportunidad de desarrollo económico de las zonas afectadas. Su lucha por convertir a la Sierra Morena Cordobesa en parque natural surgió en 1991, a raíz de un proyecto urbanístico, del anuncio por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la firma de un convenio con la empresa nipona Hoyo Europa. El alcalde Herminio Trigo viajó a Japón en marzo de 1991 y en aquel país firmó un convenio para desarrollar un macro proyecto que incluso se presentó en campaña electoral como una propuesta de desarrollo económico de alto nivel para nuestra ciudad, con una inversión de 6.500 millones de las antiguas pesetas, la mejora y ampliación del campo de golf, la construcción de una escuela de informática, un hotel de cuatro estrellas, un hogar de la tercera edad, un puerto deportivo…. Para ello el Ayuntamiento se comprometió a la modificación del PGOU. Posteriormente, en octubre de 1992, la empresa Hoyu Europa fue denunciada por estafa por muchos accionistas a los que se les vendieron acciones: pequeños y grandes inversores que creyeron a pies juntillas en el proyecto gracias al aval del Ayuntamiento quien acreditó la solvencia de esta empresa nipona. Todo resultó ser una estafa.

Olivares detalló que la Junta ya empezó entonces el camino para que la Sierra Morena Cordobesa fuera parque natural, un camino que quedó en nada. El ecologista le preguntó al exalcalde de Córdoba Julio Anguita, que estaba entonces en el Parlamento andaluz, que por qué no llegó a buen puerto; Anguita le respondió que porque en el Parlamento creían que era un impedimento para el desarrollo. Años más tarde, a través de Podemos, la iniciativa se llevó de nuevo al Parlamento, aunque Olivares estaba convencido de que tampoco se iba a llevar a cabo "porque se ha buscado una fórmula errónea para poner de acuerdo a partes que ya han dicho que no. Y es ilógico, porque no es normal que haya zonas protegidas como parque natural como si fueran islas en una Sierra Morena cuyo 30% está en Córdoba".

Para Olivares, Córdoba vive de espaldas a Sierra Morena, igual que se ha vivido de espaldas al Guadalquivir. Para él se pierden muchísimas posibilidades de desarrollo que podía venir de la mano de empresas relacionadas con los alojamientos rurales, las relacionadas con el mundo del caballo, con el turismo de aventuras, con ese otro turismo de avistamiento de estrellas o de aves...". "Se pierde la ocasión de fijar a la población y de darle oportunidades laborales a los jóvenes de los municipios que se beneficiarían de la declaración, porque si esos municipios pierden habitantes, los espacios acaban por degradarse", puntualizaba.

Rally de Sierra Morena celebrado en el tramo entre Trassierra y Villaviciosa .

Según el miembro de la Iniciativa Ciudadana por el Parque Natural Sierra Morena de Córdoba Ángel B. Gómez Puerto "el futuro y deseado Parque Natural" lo integrarían los municipios de Córdoba, Villafranca, Adamuz, Obejo, Villaharta, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa, Espiel, Villanueva del Rey, Almodóvar, Posadas y Palma del Río. Gómez Puerto siempre ha defendido que el Parque Natural Sierra Morena de Córdoba sería un elemento importante para un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la sostenibilidad, un aliciente para el desarrollo de actividades basadas en la naturaleza, fomentaría la acciones de educación ambiental y supondría la ordenación de la presencia humana en este espacio natural con la consiguiente protección efectiva de sus extraordinarios valores ambientales. Para él, los valores ambientales a proteger serían similares al resto de ese corredor ecológico homogéneo que recorre el norte del Valle del Guadalquivir, desde el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la provincia de Huelva hasta el de Sierra de Andújar en la provincia de Jaén, pasando por los parques naturales cordobeses de Hornachuelos y Cardeña-Montoro. Además, siempre se ha mostrado convencido de que la declaración del parque natural generaría indudables beneficios y oportunidades para un nuevo modelo de desarrollo económico (conexión patrimonio cultural-patrimonio natural de Córdoba), para la creación de empleo, educación medioambiental, promoción de los productos propios (artesanía, agricultura y ganadería) de la Sierra, mayores garantías de protección de la Sierra o una prevención mayor para evitar incendios.

¿Y qué opinaban al respecto desde los municipios? Desde las localidades había oficialmente división de opiniones. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se tenía claro, la declaración de la Sierra Morena Cordobesa como parque natural suponía poner aún muchas trabas burocráticas más a cooperativistas, agricultores, ganaderos y otras personas que viven del sector; se pensaba que si ya es difícil fijar la población, con tantas trabas burocráticas se iba a tener aún más difícil. Mientras que para el de Almodóvar la Sierra está ya suficientemente protegida. En ambos casos y en el de otros municipios como Posadas se insistía en que la última palabra al respecto la tenían que dar todos los agentes socioeconómicos de las zonas afectadas, así como conocer cuál es la sensibilidad de la ciudadanía antes de tomar una posición sobre la declaración.

En el caso de colectivos como la Federación Cordobesa de Caza, su entonces presidente, Francisco Javier Cano, defendía que la zona que se quería declarar parque natural "está ya lo suficientemente protegida por la ZEPA, por lo que la figura que se pretende es innecesaria". Cano destacaba las trabas que ya sufría la agroganadería, que ya sirven de freno para muchas cosas que hoy aún se pueden hacer y que contribuirán a empeorar el mundo rural". El presidente de la Federación Cordobesa de Caza recalcaba que, por ejemplo, cualquier nueva infraestructura que haya que realizar en esa zona protegida "ya sea una construcción, un vallado o la apertura de un camino va a ser difícil que se lleven a cabo. Esta figura innecesaria sería ponerle muchas trabas a un sector que está pasando por momentos muy duros", incidía.

Un rebaño de ovejas pasta en un claro de Sierra Morena en Villanueva de Córdoba.

El sector agroganadero cordobés ya se había pronunciado al respecto. Lo hizo por boca de la organización agraria Asaja. Tras la reunión impulsada por la Junta para constituir la mesa de participación y diálogo para tratar la iniciativa de la declaración en la que se convocó a los ayuntamientos de la zona, a colectivos ambientalistas, a la Diputación de Córdoba y a agentes económicos y sociales, la organización agraria reafirmó su posición en contra, ya que supondría "dotarlo de infinidad de restricciones que suponen un lastre para el desarrollo social y económico de esta parte de la provincia", y agregó que todas estas superficies "están sobradamente protegidas por las distintas leyes vigentes, siendo muy bueno su estado de conservación y presentando magníficos parámetros de biodiversidad". Precisamente, el buen estado de conservación de este territorio se ha logrado, a lo largo de los años, según Asaja, "gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios rurales en general". De este modo, debido a la labor desempeñada por todos ellos durante décadas, "el estado de conservación de la zona es muy satisfactorio, no requiriendo de mayores rangos de protección".

Concretamente, desde las organizaciones agrarias ya se ha denunciado en más de una ocasión que en áreas protegidas como parque natural las prácticas agrícolas y ganaderas se penalizan "constantemente" con restricciones "para todo", como transitar y acceder con vehículos a las fincas, cultivar en determinadas parcelas, ampliar una balsa, cortar broza en la sierra, limpiar las acequias o arreglar caminos. También se penaliza, según detallan, medidas como colocar estructuras provisionales de cultivo (mallas antigranizo), hacer una chimenea nueva o cambiar una piedra de sitio. Asaja destaca que son numerosos los colectivos que se han sumado a su preocupación, como la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) y la mayoría de los ayuntamientos de la zona, "al tiempo que las denominaciones de origen han mostrado su inquietud por el planteamiento de la declaración".