Satse demanda al SAS por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad

Han puesto en marcha la iniciativa todas las organización que forman parte de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos

Personal sanitario durante una protesta en el hospital.
Personal sanitario durante una protesta en el hospital.
El Día

15 de enero 2013 - 01:00

El sindicato profesional de la Enfermería (Satse) ha demandando a las administraciones sanitarias por entender que la decisión de no abonar a los trabajadores la paga extraordinaria de diciembre "vulnera derechos establecidos en la Constitución española y la legislación laboral aplicable".

El sindicato presentará esta semana los correspondientes recursos administrativos de manera coordinada con el resto de organizaciones que forman parte de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos, que ha puesto en marcha esta iniciativa tras consumarse de manera efectiva el no abono de la paga.

El Sindicato de Enfermería detalló a través de un comunicado que considera que la supresión de la paga extra de Navidad "ha supuesto una nueva agresión a los derechos laborales de los trabajadores y contra los servicios públicos". En concreto, según el sindicato, los recursos administrativos "aluden a una vulneración" de los artículos 9 y 33 de la Carta Magna, así como a lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales.

Según el sindicato de Enfermería, los empleados públicos "no pueden seguir siendo perjudicados gravemente" por una serie de decisiones administrativas que "tienen un mero afán recaudatorio y cortoplacista, y no de mejora real de los servicios". Asimismo, la organización sindical critica que los responsables políticos sigan haciendo "oídos sordos" a la opinión generalizada de los profesionales y usuarios de la sanidad en contra de los recortes "indiscriminados", y mantengan su estrategia de reducir el déficit "a costa de los derechos y de los sueldos de los trabajadores".

El sindicato, por último, confía en que los tribunales acaben dando la razón a los profesionales y que ello suponga un punto de inflexión para la recuperación de derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, "a los que cada día se lo ponen más difícil para poder asegurar a los ciudadanos el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad".

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