SOS Bebés Robados pide pruebas de ADN gratuitas y exhumaciones de cadáveres

La asociación SOS Bebés Robados continúa con su campaña de recogida de firmas para que se hagan las pruebas de ADN gratuitas y se exhumen los cadáveres de presuntos niños robados. El colectivo se concentró ayer en el cementerio de San Rafael donde recogió alrededor de 400 firmas más, según indicó la portavoz del colectivo, María José Cepas. Hasta la fecha, SOS Bebés Robados cuenta con más de 2.500 firmas de apoyo y la intención de Cepas es de llegar a las 20.000 -como en Cádiz- y presentarlas ante la Fiscalía a principios del año que viene.

La concentración, que contó con la asistencia de más de 30 personas, tuvo lugar al lado del Patio de Santa Victoria del camposanto, lugar en el que, según Cepas, "supuestamente" están enterrados los bebés fallecidos de las familias afectadas por el presunto robo de los niños en Córdoba; la asociación suma ya 44 casos. Con esta actuación, el colectivo quiere que se verifique si sus hijos "están realmente allí enterrados o, como algunos creen, siguen con vida y les mintieron cuando le hablaron de su fallecimiento", apuntó. "Queremos saber la verdad hasta el final ", indicó Cepas, quien incidió en la necesidad de contar con más apoyo y ejercer una mayor "presión social" para que sus reivindicaciones den frutos. Desde la asociación consideraron "necesarias estas prácticas puesto que en Córdoba el problema es que no hay documentación ni datos precisos" sobre estos casos" y lamentaron que "probablemente las denuncias se van a archivar".

El Ministerio Público inició las indagaciones por la presunta desaparición de bebés entre los años 60 y los 90 el pasado mes de febrero a petición de la Fiscalía General del Estado. Aunque el presunto robo de recién nacidos desde la década de los 60 permanecía en la sospecha, no ha sido hasta este año cuando la Justicia ha iniciado una investigación. La Fiscalía ha archivado ya dos denuncias sobre posibles casos de niños robados en hospitales de la provincia. En ambos casos, el Ministerio Público tomó esta decisión por carecer de pruebas o pistas que pudieran ayudar a esclarecer si podrían tener alguna base las sospechas de los familiares de los recién nacidos, quienes consideraron que el personal sanitario pudo haber simulado la muerte de sus hijos para darlos en adopción o venderlos. Los dos primeros archivos en Córdoba siguen la línea de lo ocurrido en otras provincias como Granada, donde ya se ha dado carpetazo a 13 expedientes por falta de pruebas.