"Proteger el arroyo Bejarano cuesta menos que la portada de la Feria"

Julio Berbel sienta cátedra no porque hable alto sino porque para eso le pagan. Catedrático de Economía, Política y Sociología Agraria de la UCO, acaba de ser premiado con el Duende del Bejarano, junto a otro ex edil, Antonio Hurtado, por sus estudios sobre el espacio natural como experto en el agua, la tierra y la mano, o la manaza, del hombre.

-Antes que nada, preguntarle por el enfermo. ¿Cómo está el arroyo Bejarano?

–Está peor de lo que estaba hace seis o siete años. La mayor parte del arroyo está en una finca privada. La propiedad ha metido un alto número de vacas que en verano, como no hay otra cosa que comer, tienen aquello muy pisoteado. La flora está cambiando, tiene menos diversidad y calidad, y ello redunda en la diversidad de la fauna. El sobrepastoreo deja en el campo sólo lo que el ganado no se come: cardos con espinas. Algunas flores –violetas, margaritas,...– quedan reducidas a lo que queda debajo de zarzas. Allí, investigadores de la Universidad han descubierto una hormiga propia de la zona, la bejaraniensis. ¿Dentro de diez años seguirá existiendo esa hormiga, que cuando se pierda se perdió?

–No sé si la cuestión es proteger o proteger eficientemente.

–El problema en España es la inflación de leyes que no se cumplen. Sólo respetando el dominio público hidráulico se avanzaría. El agua, la ganadería y la ecología son compatibles. Donde haya ganado, lo único que hay que hacer es establecer un abrevadero, una zona acotada donde entren las vacas a beber. Lo que no puede ser es que el ganado esté tres meses dentro del arroyo, eso no es compatible. Se tiene que respetar la zona pública, impedir a rajatabla el acceso de las vacas y acotar su abrevadero. El 10% del arroyo, no el 100%. Evidentemente, a costa de que el ganadero, en este caso muy rico, tenga que alimentar las vacas en verano. El bien social ha de estar por encima del privado. Hablando claro, esa finca se compró por 80 millones de pesetas de la época, menos de lo que vale la portada de la Feria. ¿De verdad la Junta y el Ayuntamiento no pueden sacar esa cantidad de algún sitio? No me lo creo. El problema es que hay otras prioridades.

–Esa zona tiene una especie de valor simbólico. Es como nuestras cataratas del Niágara.

–Sí. Los Baños de Popea están perdidos. Se pueden recuperar. Había un inventario de tipos de hormigas en el arroyo del Molino. Quince años después, hay la mitad. El arroyo está contaminado y seco.

–Incluso se vierte allí.

–Pero el Bejarano sigue limpio.

–¿Pero se puede recuperar?

–El caso de Aznalcóllar es emblemático. Doñana nos dice que el daño se ha recuperado en gran parte. No soy un experto pero los que sí lo son, lo dicen. Si desaparecen cuestiones como la presión ganadera, el arroyo volvería. Pero hay cosas que son irreversibles. En Medio Ambiente, se trabaja con el principio de precaución porque hay cosas que no vuelven. Si se urbaniza una zona, no tiene remedio.

–Y acabamos, como siempre, hablando de las parcelas.

–En una reunión con las administraciones, a un propietario del Bejarano se le advirtió que allí no podía construir. Él dijo: “Yo no pero igual mis hijos o mis nietos, sí”. Hay constructores que piensan a largo plazo, no en el pelotazo de mañana, y el próximo PGOU de 15 ó 20 años ya tiene dueño. El capital es así. Tampoco las administraciones pueden ir contra él, pero se ha de negociar de poder a poder, sobre la base de no hacerse daño.

–El caso de la Sierra es que no responde a procesos controlados.

–También eso responde a una lógica del capital. En el fondo, el problema de la segunda residencia obedece a una falta de cultura democrática. Si se quiere disfrutar del campo, lo mejor es unas botas, una mochila y un bocadillo. Así se disfruta más de la naturaleza, no metido en una parcela. Son formas de ver la vida. La gente tiene una necesidad tremenda de ser propietario de algo. Hubo un momento en que ese sector estaba enloquecido y la gente buscaba alternativas baratas. Si hay tres cordobeses que han hecho una parcela ilegal, es problema de esos cordobeses. Si hay 3.000, es un problema del Ayuntamiento. Pero mucho era evitable. Mejor una vez colorado que ciento amarillo. Si hubiera habido más firmeza, sería otra la situación. Ahora hay que dotar a esas parcelas de servicios públicos. Nos cuesta el dinero a todos.

–En la Sierra, alguna vez pasará.

–Hay ejemplos de soluciones intermedias. La ley de Costas es un ejemplo. Considera que las casas en el dominio público, hechas con todos los papeles, deben seguir ahí por 49 años. Se puede disfrutar, vender y heredar, pero por 49 años, pasados los cuales se destruye la casa. La otra opción es soltar el dinero, y no somos un país rico. Hay que derribar, derribar, derribar. No entienden otra manera. Fíjese en Colecor. Si todo se resuelve con una multa, se le dice a la gente que haga el gamberro, que todo se soluciona pagando. Y luego pleitean o quiebran. ¿Se llegará alguna vez a cobrar la multa a Rafael Gómez? Yo me he apostado con un concejal una cena a que no. La voy a ganar. Pero tiene que haber multa y derribo. El sistema tiene que hacerse cumplir.

–Pagar y perdonar forma parte de la filosofía de todo ese mundo.

–Los jueces han llegado a reconocer que eso formaba parte de los usos y costumbres. Era necesario hacer borrón y cuenta nueva, con medidas a término. Costará dinero a lo bestia pero se solventará. No se puede justificar con lo que se hacía en tiempos de Franco.

–¿Tendrá alguna influencia el Plan de la Sierra?

–Cervantes, en El Quijote, escribió las cartas a Sancho, cuando éste es nombrado gobernador de la Ínsula Barataria. Hace 500 años, ya reflejaba nuestro problema cultural: “haz pocas ordenanzas, pero hazlas cumplir”. Se hacen normas para cumplir el expediente pero no se ponen medios para hacerlo cumplir, colocarlo en internet no basta. Esto no es Suiza, aquí mucha gente no respeta lo establecido. Tenemos leyes de sobra. En el Bejarano, debería existir una figura de protección algo mayor, como el Monumento Natural que es lo que se nos ha ocurrido, pero es que existe la cautela del dominio público que no se gestiona. La zona de captación del arroyo tiene cada vez más pozos y ese agua es la que aflora en el cauce. Con más protección, sería más fácil sobre todo ante posibles cambios políticos que digan que eso no es prioritario. Otra opción es comprar la finca aprovechando la ley forestal, pagando al propietario lo que vale no lo que podría valer, algo que la Junta no comparte.

–Usted es experto en la economía del agua.

–Sí, en general, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir. Ahora mismo no hay medios para vigilar, por ejemplo, todas las captaciones irregulares. Todo es dinero. El agua tiene un uso económico (molinos, ganado, ...) y un uso ambiental (la pesca, el paisaje, la biodiversidad). En los Andes, hay menos conflicto. En España, con nuestra población y el clima que tenemos, la presión sobre el recurso es superior a su disponibilidad. Y ello le quita sitio al uso ambiental. Los caudales del río en verano son los mínimos para que no se mueran los peces.

–El agua tiene también un uso político.

–Y es el peor de todos. E inevitable. La clave es que es un recurso escaso que se puede usar en métodos alternativos. Si le dejas la decisión al mercado, tiene ventajas e inconvenientes. El mercado, que tiene muchas ventajas, puede derivar en monopolios en determinadas cuestiones y el agua es una de ellas. Lo mejor es el equilibrio. Mire, sin salir del Guadalquivir, con la actual situación hay que decidir si regamos el arroz, si mantenemos Doñana con una dotación generosa o si regamos los cítricos de Palma. Todo no se puede. ¿A quién recortar hoy? Pensar que en 1994 se podría haber recortado la superficie regable es una cuestión de historia. Hoy, 2009, tenemos 850.000 hectáreas de riego, el doble que hace 20 años, y no podemos quitar olivos en Jaén o arroz en Sevilla. El Gobierno andaluz tiene que administrar la escasez lo mejor que sepa o pueda. Hay que maximizar la riqueza, el empleo y la equidad entre territorios.

–También se compite entre sectores.

–Sí, hay actividades que necesitan agua y que no tienen. Por ejemplo, las plantas termosolares. Estas empresas están comprando fincas de riego y piden a la Administración que le dé el agua que le daría si fuese para usos agrícolas. No es lo mismo hacer desembalses puntuales en verano que dotar de agua de forma continuada. No es sólo agua, sino agua todo el año. El problema es que agricultura y energía renovable compiten por el mismo recurso. Dos prioridades que acaban en la mesa del presidente de la Junta para decidir cuál de ellos es más. Dejarlo al mercado no es la solución siempre. Otro caso: los agricultores almerienses han comprado 2.000 hectáreas de arrozal en Sevilla para que parte de ese agua se les facilite por medio del trasvase Negratín-Almanzora. Es mucho más rentable usar el agua en Almería que en el arrozal y se cubren los costes energéticos pero eso destruye empleo en el Bajo Guadalquivir. Soluciones hay siempre pero es complicado.

–Da la impresión de que hay un negocio en esta actividad.

–La compra de derechos de agua, en torno al 2% del total, es legal y útil como válvula de escape. El agua ya es un bien económico de producción, como las semillas o el abono. El problema es encontrarla a un coste razonable. El recurso más escaso es el capital humano y aquí la gente más brillante se va. Después, la tierra y el agua. Si la tierra la hacemos casitas, serán casitas y no el Bejarano. Si con el agua regamos arrozales, haremos arroz, no tomates.

–¿Tiene sentido trocear las tomas decisiones de las confederaciones hidrográficas entre las autonomías?

–Tiene cosas buenas y malas. En el Guadalquivir, tiene lógica porque la cuenca afecta al territorio andaluz salvo tres municipios extremeños y Puertollano, un 2%. Pero trocear el Tajo, el Duero o el Ebro es ir marcha atrás. Las confederaciones se crean por Mussolini en Italia y Primo de Rivera en España porque cada arroyo y río tenían su propia gestión. Y así no se podía gestionar la cuenca. En Italia, con la democracia, las trocearon y la gestión es muy compleja. En España podemos acabar copiando lo malo. La ley del agua andaluza puede ser clave. Aquí se han hecho depuradoras a las que no le llegaba el colector, los recursos para echarla andar... El 20% de los pueblos andaluces no depuran y ello degrada el río. Ahora tenemos una oportunidad nueva en Andalucía. Además, recuerde que la planificación, dónde va el agua, es del Estado.