Agentes de la Policía Nacional liberaron en Córdoba a finales de octubre a una mujer víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, quien se encontraba retenida en una vivienda de la capital cordobesa en contra de su voluntad.

Tras un descuido de sus captores, la víctima pudo contactar telefónicamente con agentes de Policía Nacional, e inmediatamente una patrulla policial se personó en el domicilio donde se encontraba retenida, procediendo a su liberación y a la detención de las dos personas que se encontraban con ella en el domicilio.

Los presuntos autores contactaron con la víctima cuando apenas llevaba residiendo en España unos meses, ofreciéndole un trabajo como empleada del hogar en Córdoba, corriendo estos con los gastos de su desplazamiento. Una vez que la mujer se instaló en la capital cordobesa, sus captores comenzaron a amenazarla y coaccionarla para que ejerciera la prostitución en contra de su voluntad, así como obligarla a consumir sustancias estupefacientes y venderlas a sus clientes.

Según manifestó la víctima a los agentes, las condiciones en las que ejercía la prostitución eran deplorables. Permanecía encerrada en una habitación y todos sus movimientos eran controlados por sus captores. Además, casi la totalidad de la ganancia generada se quedaba en manos de los captores.

Los arrestados tenían unos papeles definidos: mientras uno se encargaba de captar a las mujeres, el otro se centraba en las cuestiones económicas. En el transcurso de la actuación policial, encontraron en el domicilio diferentes pruebas que constatan los hechos denunciados por la víctima.

La actuación policial culminó con dos detenidos por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, delito contra la salud pública y favorecimiento de la inmigración clandestina, disponiendo la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los arrestados.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.