Los grupos municipales rubricaron ayer una declaración institucional en el que se garantiza atención especializada a las víctimas de violencia de genero independientemente de la reorganización de la estructura de la Policía Local que pasa por la creación de un departamento que aglutinará, con el objetivo de gestionar mejor los recursos disponibles, las actuales unidades de la Mujer, Atestados y Diligencias Judiciales. La medida no había gustado entre entidades de defensa de las víctimas, como la Plataforma contra la Violencia de Género, que ayer intervino en el Pleno extraordinario para mostrar, como ha venido haciendo en los últimos días, su rechazo a la medida, explicó la presidenta de la entidad, Carmen León.

Lo que el acuerdo garantiza es que los agentes que han desarrollado los trabajos de atención a las víctimas, porque tienen una formación especializada, van a seguir realizando esta labor independientemente de la hora del día en la que se produzca el caso. Según la edil responsable de Seguridad, Carmen Sousa (PP), el planteamiento del gobierno municipal es que los agentes con formación serán los que realicen las tareas de atención a las víctimas. Según aseguró, en la actualidad tienen los cursos específicos tanto los agentes adscritos a la unidad como aquellos que, estando en otros menesteres, asumen estos casos cuando los primeros no se encuentran de servicio.El cambio, aseguró Sousa, es que en estos momentos sólo se cubre un turno con un oficial en la unidad mientras que, en el futuro, habrá uno por turno lo que ocurrirá también con otros puestos de la plantilla. Con la nueva organización, el gobierno municipal quiere que, cuando no existan servicios específicos de la unidad de la Mujer, los agentes puedan realizar otro tipo de intervenciones para tener una mayor capacidad de respuesta.

La responsable de la plataforma, Carmen León, aseguró que el texto redactado por los grupos como declaración institucional es -a falta de una lectura más minuciosa, dijo- una forma de replantearse algunas medidas que el gobierno municipal quería adoptar. Aseguró que se trata de una medida positiva que responde a las presiones que las entidades vinculadas a este tipo de acción social han venido planteando y que tienen el aval de partidos de izquierda y de los sindicatos.