El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la petición al Gobierno de la Nación de usar el superávit municipal para la crisis del covid-19. De momento, solo se puede utilizar para amortizar deuda y en el caso del Consistorio cordobés es superior a los 20 millones de euros. Esa petición finalmente ha sido rubricada por todos los grupos municipales que componen el plenario: PP, Cs, PSOE, IU, Podemos y Vox. En un primer momento eran sendas mociones del PP e IU.

En la moción se insta al equipo de gobierno municipal a que esos recursos vayan destinados a medidas que posibiliten la reactivación de la economía local, a garantizar que los Servicios Sociales cuenten el presupuesto necesario para que nadie se quede atrás y a blindar el futuro de las empresas públicas. "Todo eso desde la participación y teniendo en cuenta la opinión de los movimientos sociales, vecinales, sindicales, políticos y empresariales de la ciudad", mantienen.

Esta demanda llega en un momento en el que Hacienda negocia esta medida con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo objetivo en este sentido es el que estaba recogido en la moción inicial del PP por la que pretendían solicitar al Gobierno central "la liberación de la totalidad del superávit de los ayuntamientos para la lucha contra los efectos del covid-19". Los populares entienden que se debe flexibilizar la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit, el cual piden que se pueda destinar a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales.

El objetivo, a grandes rasgos, es el mismo que persigue IU, que iba a pedir en el Pleno facultar a los ayuntamientos para abordar las políticas necesarias a fin de proteger a la población de los efectos de la pandemia a través de "la supresión de los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales". El partido ha insistido en más de una ocasión en que fue precisamente el PP quien, en 2012, prohibió a las entidades locales usar este dinero a través de una norma avalada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.