La Audiencia Provincial ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba que emita un auto en el que resuelva la fianza a exigir al sindicato CTA para personarse contra los exconcejales del PP Miguel Reina y Rafael Navas por distintas contrataciones supuestamente irregulares; todo ello tras anular una providencia anterior que fijaba la fianza en 18.000 euros, "el importe aproximado de los contratos supuestamente prevaricados". Según recogen sendos autos de la Audiencia, los magistrados estiman parcialmente el recurso planteado por CTA y piden al juez de primera instancia que resuelva "condicionando el ejercicio de la acusación popular respecto del sindicato a la acreditación por parte del secretario general, Francisco Moro, de la cualidad que alega". Además, piden que resuelva en función "de los acuerdos de la entidad que representa que lo legitimen para el ejercicio de la acción penal en su nombre", de cara a la presentación de poder especial o ratificación y a la constitución, por la entidad, de la fianza que se establezca.

Al respecto, el sindicato advirtió de que la fianza se consideraba "excesivamente gravosa", pues "se vería comprometida la capacidad económica del sindicato para la gestión de sus fines, pues supone en 25% de los recursos totales de la organización".