Peligra el transporte escolar para el próximo curso en Córdoba
Movilidad
Las empresas temen que los concursos públicos de rutas que están por publicarse no contemplen las variaciones de los precios de los combustibles y las subidas del resto de costes
El sector del transporte de viajeros de Andalucía ha organizado un encuentro de formación con todas las empresas para analizar los costes de las rutas escolares con los precios que oferta la administración autonómica. La principal conclusión de este encuentro, al que ha asistido la Agrupación Empresarios de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC Córdoba), es que el coste es inasumible, si no se incluyen en los contratos y licitaciones públicas previsiones para el aumento del gasto en combustible, mayores costes de mantenimiento y el encarecimiento de materias primas.
ATC Córdoba, al igual que el resto de las asociaciones provinciales del sector y las federaciones andaluzas del transporte Fedintra, Fandabus y DireBus España, garantizan un gran consenso en el sector para no empezar las rutas en septiembre si no se toman medidas. “De ahí que sea más necesario que Junta de Andalucía y la Consejería de Educación tomen en cuenta las propuestas del sector para las próximas licitaciones y mantener un servicio de calidad para las familias en los centros educativos de Andalucía”, ha comentado Antonio Vázquez, presidente de Fedintra.
El encuentro del sector se basó en ponencias y exposiciones prácticas para analizar la cuenta de pérdidas y ganancias; y la cuenta analítica, de una empresa de transporte, cómo ha de conformarse el proceso de cálculo del coste del transporte escolar, identificando costes, clasificando partidas e imputando directamente lo que supone cada gasto exclusivo de transporte escolar.
Este análisis contable también se hizo en función del número de kilómetros, de las variaciones del precio del combustible, los mantenimientos, seguros, impuestos… y comparando con las ofertas económicas de los últimos pliegos de licitaciones públicas emitidas por la Junta de Andalucía.
“Si los contratos públicos fijan unos precios y condiciones, en función de la situación del momento de la firma; para un periodo que puede extenderse durante años, lo lógico es plantear cláusulas que puedan variar dichas condiciones, tal y como rápidamente se ha establecido en el sector de la construcción, con la revisión de los precios de los materiales", ha apuntado Vázquez.
Por este motivo, Fedintra ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y a la Agencia Pública Andaluza de Educación una revisión de los contratos públicos de transporte escolar, para poder sostener muchas rutas que dejan ya de ser rentables, y que ponen en serio peligro el traslado de miles de alumnos diariamente en muchos rincones y comarcas de Andalucía.
Fedintra ha recordado que en el mes de junio el precio del gasóleo alcanzó la cifra histórica de dos euros por litro, un 40% más en lo que va de año. "A esa terrible subida habría que sumarle un 16,10% producido en 2021. A su vez, el precio del gas natural acumula un incremento del 140% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior a la media de 2020", ha indicado la Federación.
Asimismo, el colectivo ha insistido en que algunos proveedores de combustibles han trasladado a Fedintra que es muy posible que se alcance la cifra de los tres euros por litro de diésel en los próximos mes, “para el transporte escolar la cifra actual de dos euros es ya devastadora, y aunque no se alcanzaran los tres euros por litro, si la Junta de Andalucía no toma medidas para compensar esta situación, con estos costos no podremos empezar las rutas escolares en septiembre para el próximo curso. No se puede llevar a cabo un contrato público basado en precios de hace años, y seguir tal cual, tienen que preverse unos mecanismos de seguimiento de todos los contratos de transporte público y, especialmente, en el transporte escolar”, ha insistido Vázquez.
Los niveles de demanda de viajeros, sobre todo en el transporte regular, aún están lejos de los de 2019, con una pérdida de más de 1.018 millones de viajeros en 2021, que aún persiste en 2022, con una caída que se sitúa de media en torno al 20%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El autobús es un sector clave para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas; además de ser clave en la inversión en tecnologías de movilidad sostenible y en el fomento del transporte público. En Andalucía son más de 500 las empresas afectadas y 11.000 los empleos en peligro.
“Es imprescindible que la administración autonómica tome cartas en el asunto, y articule medidas para sufragar el disparatado coste energético, que incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas del transporte andaluz en el servicio del traslado de escolares y en las empresas con rutas de transporte regular. Si se han activado mecanismos para las empresas constructoras ante el encarecimiento de los materiales, se debe aplicar el mismo criterio a las empresas que realizan contratos de servicios públicos (como el transporte escolar) en Andalucía”, ha señalado Vázquez.
También te puede interesar