El PP de Córdoba preguntará en al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio Ávila, por la deuda que mantiene la administración autonómica con los centros especiales de empleo en la provincia cordobesa. Así lo anunció ayer la parlamentaria andaluza popular Rafaela Obrero, ya que, "tras registrar una pregunta relativa a la deuda pendiente con estos centros, la Junta solamente reconoce la que mantiene con Córdoba capital, por valor de 455.651,10 euros, sin embargo, conocemos que a la asociación lucentina Amara le debe un total de 300.000 euros".

La provincia de Córdoba cuenta con 25 centros especiales de empleo, entre los que se incluye el de Amara. De este modo, "se pone de manifiesto que el Gobierno andaluz oculta datos, por lo que el PP quiere saber la realidad de estos centros y emprender las acciones oportunas".

Obrero subrayó también que el retraso injustificado en el pago de las subvenciones a estos centros por parte del gobierno autonómico "dificulta la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad".

Para la parlamentaria popular, "la falta de apuesta por el empleo y las personas con discapacidad que hace el bipartito PSOE-IU está provocando situaciones verdaderamente dramáticas".

A esta situación económica que atraviesan estos centros hay que añadir, según Obrero, "el desconcierto que provocan las respuestas del Gobierno, que no reconoce su deuda en la provincia". "Queremos saber si tienen más deudas con el resto de centros de la provincia", sentenció.