El Grupo Popular en el Ayuntamiento anunció ayer que pedirá la dimisión de la teniente de alcalde delegada de Infraestructuras, Rosa Candelario, si no "aclara suficientemente" los contratos realizados por su área a la empresa Damaterra para la seguridad interior de la Ciudad de los Niños. El concejal del PP en el Consistorio José María Bellido manifestó ayer que Candelario le facilitó ayer información relacionada con las facturas abonadas a la citada empresa durante 2007, las cuales suman un montante de 33.753 euros. De esta cifra, Bellido dijo que 13.095 euros se pagaron por los servicios prestados en el zoológico y el resto por el control en la Ciudad de los Niños.

El concejal del PP denunció asimismo que este servicio debía haber salido a concurso público y ser adjudicado a través de la Junta de Gobierno Local, ya que el montante total supera los 12.000 euros. El edil criticó la "irregularidad" en el procedimiento de adjudicación y dijo que se asignó "a dedo y al primero que pasaba por allí". Por este motivo, Bellido pidió responsabilidades en el Área de Infraestructuras, donde la máxima responsable es Candelario. El concejal del PP indicó asimismo que las facturas no tenían una periodicidad concreta, sino que se presentaban en servicios de un mes completo, de una semana o de 15 días, con la cautela "de que no superaran los 3.000 euros". En caso contrario, debían haber pasado un control. Por todo ello, Bellido exigió que Candelario se comprometa a que esta situación no se volverá a repetir y que aclare todos los puntos de esta contratación interna.

Ante estas declaraciones, la edil de Infraestructuras incidió en que la contratación puntual con la empresa Damaterra se debió a una "situación especial", que estuvo provocada por "la masiva afluencia de público" que tuvo la Ciudad de los Niños tras su inauguración. Añadió que la firma percibió 7.000 euros de más por estas circunstancias. La edil explicó también que el servicio de control estaba adjudicado a la empresa Securitas desde el 1 de agosto del año pasado. Ese hecho motivó que durante los meses anteriores al verano se tuviera que contratar a otra firma especializada para que controlara el equipamiento. Candelario justificó esta actuación en que "los procesos administrativos se suelen alargar". El objetivo, continuó la concejala, era el de "garantizar la seguridad de los más pequeños".