La parlamentaria y vicepresidenta de Políticas Sociales del PP en Córdoba, Rafaela Obrero, hizo ayer un balance de las políticas de dependencia y ayudas sociales en el último año. Balance que se convirtió en un recuento de "los recortes que la Junta ha efectuado desde 2010 y que mantiene a 500 cordobeses a la espera de recibir las ayudas de dependencia, así como a más de 1.500 familias que no llegan a final de mes", señaló la dirigente popular.

Así, en los últimos tres años "la Junta ha recortado 499 millones de euros en políticas sociales por la mala gestión de las mismas en el periodo 2007-2011, periodo Zapatero", enfatiza la parlamentaria. García Obrero insistió también en el descenso de personas dependientes que requieren una prestación. Así, destacó que "en 2011 teníamos 3.938 personas dependientes, pero en el año pasado el número descendió a 3.106 personas. Han fallecido 800 personas en el último año".

La vicepresidenta popular de Políticas Sociales confirma que la reducción de las partidas presupuestarias es consecuencia del poco control que el entonces gobierno socialista realizó. "El gobierno de Rajoy ha emprendido un control más exhaustivo para que Andalucía no sea la cabeza en la lista de personas fallecidas que siguen recibiendo la prestación por dependencia, con 4.194 personas". Ante "las deudas de la Junta de 13,7 millones de euros con la Diputación Provincial, y 5 millones con el Ayuntamiento de Córdoba", García Obrero enfatizó en el adelanto de 122 millones que el ejecutivo de Rajoy ha destinado todas las comunidades. "Andalucía es la única comunidad que no ha aumentado el número de beneficiarios de la ley de Dependencia".

Córdoba recibe cerca de 2,8 millones extraídos de las subvenciones de la asignación tributaria del IRPF de 2012, un incremento del 7,6%. "Esta cuantía económica potencia los programas de atención a la infancia, bienestar social, apoyo a las familias y atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad", destacó la vicepresidenta de Políticas Sociales del PP.

La delegación territorial de Salud y Bienestar Social de Córdoba ha respondido a las críticas de García Obrero. "La ley comenzó en 2010 y por ello no se recortó en políticas sociales". El organismo señaló que "400 personas irían al paro con la nueva ley de Rajoy" y justificó la financiación en solitario de las ayudas por "el recorte en Andalucía de 214 millones de la ministra Mato ".