El PP 'blinda' el salón de Plenos para que no haya altercados

Nada será igual en el salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de la sesión que celebre la corporación el próximo martes. El gobierno municipal no quiere que se vuelvan a repetir los incidentes ocurridos el pasado 30 de marzo, en el que los populares recibieron un abucheo constante desde el principio hasta el final.

En la junta de portavoces celebrada ayer se presentaron las medidas que se van a adoptar y que, de forma resumida, consisten en restringir el número de personas asistentes y en controlar la identificación de las mismas. Estas innovaciones no han sido bien recibidas por los grupos de IU y PSOE, que critican la pérdida del carácter público de las sesiones, mientras Unión Cordobesa aplaude la iniciativa del Partido Popular.

La portavoz del PP, Ana Tamayo, fue la encargada de presentar al resto de los grupos estas medidas que están basadas en un informe elaborado por la Policía Local en el que se describe lo sucedido en el Pleno del pasado 30 de marzo, así como las medidas que se podrían adoptar para evitar situaciones similares. Además, aportó otro informe del secretario del Pleno en el que se califican de "completamente legítimos la implantación de sistemas de control y acreditación de las personas que estén interesadas en presenciar las referidas sesiones", de manera que "no se sobrepase el aforo máximo permitido y se pueda conocer, previamente y a posteriori, la identidad de las personas que hayan asistido".

A partir de aquí comienza la polémica. El concejal socialista Emilio Aumente defendió que el acceso al salón de Plenos "es público y no se pueden poner cortapisas a nadie", con independencia que el Ayuntamiento adopte las medidas de seguridad que estime oportunas. "Hemos planteado que se apliquen con sensatez y les hemos lanzado el guante de que retiren la medida y se estudie con sentido común, porque lo que hacen es provocar", explicó el edil.

En similares términos se expresaron desde el grupo de Izquierda Unida. Su portavoz, Francisco Tejada, quien indicó que "el gobierno municipal tiene que tomar las medidas para que el Pleno se desarrolle con normalidad, y si no se suspende o se desaloja y se celebra a puerta cerrada como recoge la ley". Por estos motivos añadió que "no vale utilizar la incapacidad del gobierno municipal para el desarrollo normal del Pleno y limitar el acceso al salón de Plenos y no cumplir que las sesiones son públicas, y eso significa que se puede acceder a ellas".

Por su parte, el líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, mostró su respaldo pleno a lo diseñado por el gobierno municipal. Este concejal interpreta que en esta situación de crisis "puede ocurrir algo", en referencia a cualquier episodio de violencia como el ocurrido el pasado miércoles en el vestíbulo del Ayuntamiento cuando se intentó agredir al alcalde. "Sólo pedimos que den su nombre, porque hay personas muy alteradas por esta situación". Por último, Gómez pidió al resto de los grupos que muestren su respaldo a estas medidas.

El gobierno municipal argumentó a través de un comunicado que los controles que se adoptarán "son idénticos a los que se vienen adoptando en otras instituciones públicas y edificios administrativos", como es el caso del Congreso de los Diputados o el Parlamento de Andalucía. También explica en el mismo texto que así se da cumplimiento al Plan de Autoprotección del edificio de la calle Capitulares, y que establece el aforo que permite el edificio. En IU se sorprendieron de este argumento porque "un plan de seguridad sin un protocolo de actuación carece de sentido".

La idea del PP es firme y en el transcurso de la reunión no hubo espacio para la negociación. En el próximo Pleno, en el del martes que viene, ya habrá una zona delimitada en los asientos del público. Por una parte se reservarán las dos primeras filas, con 35 asientos, para los medios de comunicación y el personal asesor y administrativo de los distintos grupos políticos; por otra, los 65 asientos restantes se destinarán al público en general. En el informe de la Policía Local se señala al respecto que el "único requisito es la identificación e inscripción correspondiente en un libro de asistencia creado al efecto, o medio similar, de la persona que desee asistir a la sesión, respetando en todo momento el aforo de la sala".

En el salón habrá una tercera zona, denominada capitular, y que es la comprendida desde los escalones hasta la puerta trasera del salón. Una vez comenzado el Pleno se cortará su acceso con un cordón y sólo se permitirá el acceso a los miembros de la corporación.

El hecho de que se limite a sólo 65 personas el acceso al salón también levantó las críticas de algunos grupos de la oposición. En concreto, Tejada señaló que en las sesiones en las que se aprueban mociones conjuntas de apoyo a las plantillas de varias empresas no van a poder estar representados si los asientos ya se encuentran ocupados.

El informe recoge la adopción de otras medidas de seguridad sobre las que no hay fecha para su implantación, como reconoció Tamayo. Entre ellas está la instalación de un circuito cerrado de televisión "que registre todo lo acontecido durante el desarrollo de la sesión", así como la puesta en marcha de un escáner, arco de seguridad provisto de cámara y tornos a la entrada del edificio. Estos dispositivos evitarían la entrada en el edificio de "objetos prohibidos, peligrosos o claramente destinados a algún tipo de alteración del orden".

A otro nivel, el cuerpo de seguridad propone la instalación de cámaras perimetrales así como de una sala de seguridad donde ubicar los controles de las cámaras, los armeros y las taquillas del personal dedicado a este cometido.