La Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y ha aprovechado para denunciar que casi la mitad de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza y con mayor porcentaje entre las mujeres. "La Carta Social Europea indica que el salario mínimo ha de ser de 1.084 euros al mes y 14 pagas al año y la pensión mínima debería ser igual al salario mínimo, según nuestra tabla reivindicativa", han expuesto.

"En Córdoba tenemos pensiones muy bajas, de las más bajas de toda España; eso va unido a que en Córdoba siempre ha habido un problema estructural de paro y además las mujeres, sobre todo, no se han incorporado al mercado de trabajo porque se han tenido que dedicar a trabajos de cuidado y a trabajos del hogar", ha defendido el portavoz de la plataforma, José Villamor. "La pensión media de Córdoba son 854 euros y las de viudedad, que afectan sobre todo a mujeres, son de 635 euros; luego hay pensiones no contributivas, que son de 402 euros y luego hay alguna pensión residual de 427 euros, por lo que queremos que no haya ninguna pensión ni ningún subsidio que esté por debajo del umbral de la pobreza y queremos que las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo", ha añadido.

Mientras, Amalia Pedraza, también portavoz del colectivo, ha insistido en que "lo que ha pasado en las residencias no solo es problema del covid, ya venía de antes con problemas de abandono, de malos tratos, de falta de atención; todo ello es un problema de la privatización de las residencias", ha defendido. El colectivo ha denunciado "el abuso y el maltrato" que, según ha apuntado, una de cada seis personas mayores recibe, "tanto en el ámbito familiar como en el institucional. Así como "la discriminación en razón de la edad. El edadismo tiene consecuencias negativas en la salud y bienestar de las personas mayores, afectando también a su participación en la sociedad". 

También han defendido que a la Ley de la Dependencia hay que dotarla con más recursos, "para que no mueran esperando las personas que la necesitan, y dignificar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de la ayuda a domicilio". El colectivo ha puntualizado que el fomento de las residencias privadas "dirigidas por fondos buitre, como DomusVi, Vitalia u Orpea, son un negocio con dinero público a costa de los residentes y los trabajadores. Exigimos una auditoría con un control de las mismas y unos protocolos sanitarios, así como un sistema público de sanidad y residencias".

Durante el encuentro se ha repartido un manifiesto en el que se ha declarado que "queremos envejecer en casa, y para eso tiene que haber unos servicios de atención domiciliaria suficientes, de calidad, bien financiados y de carácter totalmente públicos. La soledad de los mayores aislados en sus viviendas ha sido terrible durante la pandemia", han incidido.

La plataforma ha añadido que quieren seguir siendo útiles a la sociedad. "Sin embargo, denunciamos la obligación de que los cuidados los ejerza casi siempre un familiar-mujer y la utilización abusiva de abuelos y abuelas por culpa de la precariedad laboral y pobreza en la que están las hijas e hijos", han matizado. Asimismo, han insistido en que quieren vivir inmersos en la sociedad, "en nuestra casa, barrios y pueblos, con nuestras personas amigas y nuestras familias. Y si necesitamos ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, la Ley de la Dependencia serviría, siempre que el Estado la dote de financiación suficiente".