Locsa mantiene los despidos de los empleados y los traslados a Barcelona

La negociación entre los empresarios de Locsa y sus empleados sigue bloqueada. Tras el encuentro mantenido ayer en el Servicio de Resolución de Conflictos (Sercla), los directivos no han cambiado ni un ápice su planteamiento de despedir a parte de la plantilla y trasladar a otros a Barcelona, algo que se hará efectivo el próximo día 29 de agosto. El presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, aseguró ayer que "nada ha variado" puesto que resulta imposible llegar a un punto de acuerdo entre las dos posturas. Los trabajadores presentaron el recurso ante el Sercla el lunes con el objetivo de que la autoridad laboral pueda "suspender cautelarmente por seis meses" el traslado forzoso de los 11 empleados cordobeses que irían a la factoría de Barcelona.

Los empleados aseguraron que seguirán luchando para evitar el cierre de Locsa "como lo hemos hecho desde el principio", cuando el pasado abril KME anunció que iba a cerrar su planta cordobesa, alegando unas pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de 17 millones de euros, que ahora ha elevado a 20, al contabilizar el primer semestre de 2011. Con estos datos, la empresa presentara un ERE que afectaba a toda la plantilla y que la Junta rechazó al no verlo justificado, por lo que KME anunció un concurso de acreedores para Locsa.

Los trabajadores de Locsa siempre han destacado que la fábrica cordobesa es viable y rentable a plena producción y que incluso podría generar más empleo, una vez recuperados los clientes y las líneas de distribución de su producción de laminados y derivados de cobre y zinc en cuatro continentes. Pozuelo aseguró que hoy mantendrán una reunión con la asesoría jurídica del sindicato para establecer la estrategia que permita la actuación de la Autoridad Laboral para paralizar de forma momentánea el traslado de los empleados a Barcelona. Sería por un plazo de seis meses un tiempo vital para que además se soluciones el otro conflicto que la empresa mantiene por el cierre de la fábrica y el despido de todos los empleados que la Junta de Andalucía rechazó.