El Juzgado de Familia de Córdoba se encuentra al borde del colapso. Según advirtió ayer el sindicato SPJ-USO, el órgnoa gestionó durante 2018 un total de 2.680 expedientes, a pesar de que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) establece un módulo de 1.323 asuntos. Esto supone una sobrecarga de trabajo del 50% sobre lo recomendado para una plantilla de diez personas.

Los datos de la comparativa de carga de trabajo por número de asuntos entre juzgados con especialidad exclusiva en Familia de Andalucía indican que las cifras del Instancia 3 de Córdoba es la mayor del registro andaluz. Está lejos de Málaga, con 2.256, y de Almería, con 2.093. Esto provoca que 1.905 asuntos queden pendientes en el tribunal cordobés, un dato sólo superado por Almería, con 1.930.

SPJ-USO ha advertido de la “grave situación de colapso que sufre la jurisdicción de Familia en nuestra capital y en la mayoría de pueblos”. Además, ha criticado “el grave perjuicio que se está ocasionando a los trabajadores y ciudadanos que acude a esta jurisdicción”, que incluye divorcios, separaciones, incapacidades, entre otros.

El sindicato ha hecho hincapié en que, en este caso, “es absolutamente necesaria la jurisdicción especializada y que esté dotada de los medios humanos y materiales necesario, cosa que no ocurre”.SPJ ha especificado que el Juzgado de Primera Instancia número 3 cuenta con una plantilla de diez trabajadores y un refuerzo del cuerpo de tramitación, un juez y una letrada de la Administración de Justicia.

Al respecto, ha añadido que, aunque el Ministerio de Justicia reforzó el órgano judicial con un juez y una letrada, “la Junta no ha hecho los deberes” al no dotar del personal necesario acorde a tener dos jueces y dos letradas “y sólo aprobó un refuerzo”, aunque debieron ser diez funcionarios más.

La sobrecarga en el número de expedientes ha repercutido en la plantilla disponible, según ha señalado el sindicato, ya que, “actualmente, parte de la plantilla se encuentra de baja laboral o se van en el concurso de traslado que se resuelve este mes de febrero, lo que agravará mucho más la situación descrita”. Además, teniendo en cuenta la plantilla disponible, la carga de trabajo “genera un embudo en la tramitación y pone en riesgo la salud laboral de los trabajadores”.

También ha señalado que dicha so sobrecarga “mantenida en el tiempo es un claro factor de riesgo psicosocial para los trabajadores debido al nivel de demanda de trabajo a la que deben hacer frente por falta de recursos”. En concreto, ha hecho referencia a casos en los que los trabajadores “ no puedan ni comer al medio día hasta que no terminan los juicios” que en ocasiones concluyen a las 18:00. A pesar de la extensión del horario, al trabajador estos excesos “no le son recompensados económicamente”.

Reivindicaciones

El SPJ ha elaborado una lista de reivindicaciones, denuncias y propuestas con las que busca mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral.

En primer lugar, solicita una evaluación de riesgos psicosociales para conocer el estado de los trabajadores y las condiciones en las que se llevan a cabo su trabajo. Además, solicita refuerzos “de forma inmediata mientras se crea otro juzgado nuevo que está informado favorablemente, pero no presupuestado, por lo que no sabemos cuando se creará”.

Otro de los puntos que señala el sindicato es la necesidad de acelerar la creación de un Juzgado de Familia y, además, denuncia a la inspección de trabajo. Por último, pide “trasladar estas propuestas a las distintas administraciones responsables de dar solución” y, respecto a las condiciones laborales, “que se respete la jornada de trabajo sin prolongación”.