La Justicia avala el cierre de la escuela municipal Félix Ortega

Todos y cada uno de los motivos esgrimidos por la asociación de padres El Catón en contra del cierre de la escuela municipal infantil Félix Ortega. El juez del juzgado de lo Contencioso número 5 ha desechado todos los argumentos de las familias y, por ende, avala la decisión adoptada por el Ayuntamiento de clausurar las instalaciones educativas, una medida incluida en el plan de ajuste del actual equipo de gobierno municipal.

Desde que el Consistorio anunciara su intención de cerrar la escuela, ubicada en la calle Don Rodrigo, las familias mostraron su rechazo y convocaron numerosas protestas, entre ellas, una sentada en el Consistorio, hasta llevar el caso a los tribunales. En primer lugar, la sentencia señala que la actual legislación busca "la clarificación de las competencias municipales y exime al Ayuntamiento de tener que costear competencias que le son impropias, entre otras, la de Educación". Así las cosas, el fallo deja claro que las familias "no pueden pretender el mantenimiento indefinido de la prestación de un servicio no obligatorio para el Ayuntamiento, en base a meras declaraciones de intenciones (…)". "Este juzgador no entiende más que el reconocimiento por el ente local de una situación económica que no puede ser mantenida en el tiempo", añade.

Las familias también denunciaron que no pudieron votar en las comisiones celebradas en el Ayuntamiento por lo que se sintieron "indefensos", un hecho al que el juez les invita a "probar", para ver si el sentido de su voto hubiese tenido validez y hubiera invertido la decisión del equipo de gobierno. Por ello, continúa la sentencia, "puede concluirse que los hechos no son como se describen en la demanda".

Otro de los puntos recogidos en la sentencia hace referencia a las informaciones y datos acerca de las plazas de centros de Educación Infantil de la zona que tanto el Ayuntamiento como los padres ofrecieron para defender sus posiciones. Al respecto, el magistrado incide en que "encontramos una guerra de cifras interesada, incluyendo o excluyendo partidas por criterios que parecen exceder de lo económico". Sostiene también que en este punto "no se aceptan los criterios de la perito de los padres porque el coste por alumno debe calcularse en función, no de las plazas, sino del número de alumnos matriculado.

El juez da la razón al Consistorio en que el inmueble debe contabilizarse también en esos costes, al señalar que "para el Ayuntamiento siempre existe la posibilidad de destinarlo a una actividad que suponga algún ingreso o minore un gasto". "La situación de crisis del país y el principio de una Administración, una competencia, la decisión del Ayuntamiento no puede calificarse como arbitraria, sino que está justificada y ajustada a derecho", defiende.

La sentencia refleja en último lugar que "el dato objetivo del descenso del alumnado matriculado justifica la decisión tomada y borra cualquier rasgo de arbitrariedad, con independencia de que a ello hayan contribuido diversos factores y circunstancias".

Satisfecha por la sentencia, la edil de Servicios Sociales y Familia, María Jesús Botella, destacó ayer que el cierre de las instalaciones no han perjudicado ni a los niños, ni tampoco a los trabajadores, un argumento que también defendió la edil de Educación, Luisa María Arcas.

Botella, que en su día llegó a tachar la escuela de "ikastola comunista", reclamó a los grupos de la oposición que "se retracten" de todas las críticas que hicieron a cuenta del cierre por su "ligereza e irresponsabilidad política". Destacó que "el importante ahorro" que ha generado la medida y consideró que fueron los "anteriores equipos de gobierno municipales los que hicieron inviable" la Félix Ortega. Botella incidió en que desde el Ayuntamiento "no estamos obligados a prestar estos servicios".

Tras el cierre de la escuela, las instalaciones acogen ahora la estancia diurna de niños rumanos de etnia gitana.