La Junta se vende seis de sus edificios para captar liquidez

La Junta de Andalucía se venderá a sí misma, por medio de dos empresas filiales, y posteriormente se alquilará seis de sus edificios más emblemáticos de Córdoba -junto a otros muchos de toda Andalucía- para dotarse de liquidez por medio de una operación que, en inglés, se conoce como sale y lease back (vender y alquilar). La operación, de amplio alcance, se realizará por medio de dos sociedades mercantiles que son propiedad de la Administración autonómica al cien por cien y que tienen los nombres de Sogefinpa (Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial SA) y Epgasa (Empresa Pública de Gestión de Activos SA), herederas de Agesa, la empresa que gestionó los bienes de la Expo de Sevilla y que fue parte del pago en especie de la deuda histórica.

La Junta tiene ya preparados los bienes que formarán parte de esta operación. En lo que concierne a Córdoba, son el edificio de usos múltiples (en Tomás de Aquino, sede de varias instancias oficiales), la Delegación del Gobierno (en la plaza de San Felipe), la sede de la Consejería de Salud (en la avenida de la República Argentina), la delegación de Hacienda (en la calle Gondomar), la sede central de Economía e Innovación (en la calle Manríquez, en plena Judería) y de Bienestar Social, que se halla en la plaza Ramón y Cajal.

Según la planificación oficial, la Junta traspasará la titularidad de estos seis edificios (y de muchos otros más) a estas dos empresas, que conseguirán créditos de bancos y cajas de ahorro para financiar la operación. El precio será el de tasación que se lleve a cabo de cada inmueble. Posteriormente, se faculta a los responsables de estas empresas y a la Consejería de Hacienda -titular delas competencias del patrimonio autonómico- a que firmen contratos de alquiler por 35 años que se cargarán en las partidas de gasto corriente de cada departamento. La Junta, pues, se pagará a sí misma una renta por un edificio que es suyo.

La razón de esta operación es que la Junta de Andalucía obtiene dinero líquido gracias a los créditos que se tienen que pedir para autocomprarse los edificios y, además, para todas aquellas gestiones que pudieran derivarse de las decisiones que se adopten tanto en Sogefinpa como en Egpasa. El plan autonómico es que estas dos sociedades mercantiles realicen trabajos para optimizar estos inmuebles sin desprenderse de su titularidad por medio, por ejemplo, de alquiler de espacios a privados. En cualquier caso, la función principal de estos edificios seguirá siendo la que es: sedes instituciones y administrativas.

El caso de Córdoba es peculiar. La Junta de Andalucía tiene en cartera la construcción de un nuevo edificio en su parte de la parcela de Noreña, bajo diseños de Guillermo Vázquez Consuegra. Se trata de una torre de 16 plantas que servirá para trasladar, al menos, cinco delegaciones provinciales completas desde su actual ubicación. El proyecto pretende realizarse por medio de la colaboración público-privada, en la que la Junta pone una parte de la inversión y el resto lo lleva a cabo una empresa privada, que percibiría un alquiler durante un plazo de tiempo suficiente como para que el desarrollo de la inversión sea negocio. La Junta nunca ha aclarado qué ocurrirá con los espacios que quedarían libres una vez que el nuevo complejo se encuentre levantado. Sí es conocido que Hacienda instó a todos los departamentos a congelar los gastos en alquileres o adquisiciones de sedes hasta tanto se despejase el panorama del nuevo edificio.

Uno de los aspectos que condicionan la opción elegida, autovenderse edificios y pagarse a sí misma un alquiler, consiste en la naturaleza de la deuda que se adquiere. Los recursos que Sogefinpa y Epgasa pudieran obtener de bancos y cajas de ahorros no computan en los cálculos de deuda pública al convertirse en operaciones al margen del presupuesto ordinario. En ese sentido, la Junta obtendría dinero por medio de deuda pero al margen del tope que fija cada año el Gobierno a las autonomías.