Córdoba

La Junta anuncia menos trabas burocráticas para las empresas

  • Juan Bravo apunta que en septiembre habrá una norma que beneficie el impulso de la industria

Repullo y Bravo, en la Delegación de la Junta en Córdoba. Repullo y Bravo, en la Delegación de la Junta en Córdoba.

Repullo y Bravo, en la Delegación de la Junta en Córdoba. / Juan Ayala

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, junto al delegado del Gobierno autonómico en Córdoba, Antonio Repullo, ha anunciado que el ejecutivo simplificará las trabas burocráticas a las que tienen que enfrentarse las empresas para que se les dé respuesta a sus necesidades.

Así lo ha asegurado Bravo antes de una reunión en Córdoba con empresarios, y ha detallado que desde el Gobierno andaluz se ha creado un grupo de trabajo con varios ejes para potenciar la fortaleza de las empresas y generar que nuevos negocios se instalen en Andalucía.

Ha hablado, en este caso, de tres ejes: globalización, formación y la citada eliminación de esas trabas administrativas. Bravo ha apuntado que se activará el poder desarrollar los procedimientos oportunos de manera telemática y que se eliminarán todas las trabajas posibles, siempre “dando respuesta en el ámbito legal”.

El objetivo es que en septiembre ya se tenga redactada una norma con rango de ley para la simplificación y el impulso de la industria andaluza, que implicará cambios en la regulación que afecta a varias consejerías, entre ellas, las de Hacienda, Industria y Energía; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; de Salud y Familias, y de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio.

El Gobierno andaluz, según ha añadido, simplificará normas en materia medioambiental y de salud, haciendo “un mayor hincapié en el ámbito de medio ambiente, donde hemos encontrado más de 4.300 expedientes paralizados”, según ha indicado el consejero, quien se ha marcado el objetivo de cumplir los plazos de respuesta previstos, ya que hasta ahora aquellos proyectos que tenían un plazo de resolución de tres meses, finalmente se alargaba más de un año, y los que debían resolverse en seis meses se prolongaban más allá de dos años.

Estos cambios afectarán a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, a la Ley de Salud Pública de Andalucía y a la Ley de Aguas de Andalucía, que en determinadas disposiciones y artículos se van a equiparar a las normas estatales y sectoriales, mientras que en el ámbito de urbanístico se van a revisar los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de infraestructuras de interés general, previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El consejero ha aclarado que no se trata, en ningún caso, de desregulación, sino de simplificación, y eso en el caso de que la regulación de la comunidad presente duplicidades. Además, se mejorará la regulación industrial en ámbitos en los que la normativa estatal está suficientemente desarrollada.

Entre las nuevas medidas que van adoptar, el Gobierno andaluz reformulará la normativa que regula la declaración de aquellas iniciativas empresariales que por su elevado volumen de inversión y de creación de empleo, entre otros criterios, se consideran proyectos de interés estratégico para la comunidad andaluza.

La futura norma recogerá una definición más clara y directa de los fines que se persiguen con los proyectos de interés estratégico y a qué requisitos debe responder en términos como la inversión, el empleo o el impacto social o de vertebración del territorio. También debe determinar qué procedimientos debe contemplar, para la agilización y aceleración de su desarrollo, así como el cronograma preciso de la tramitación de los permisos.

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