La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la compra de un local en Córdoba para albergar el servicio de atención 24 horas a las víctimas de agresiones sexuales. Ya algunas provincias de la comunidad autónoma contaban con un inmueble propio para tal fin, según han explicado fuentes de la administración autonómica a El Día, a falta de que Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla tengan también el suyo. El servicio en estas provincias se ha prestado hasta ahora a través de la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

El presupuesto de la licitación asciende a los 8.648.130 millones de euros para los cuatro inmuebles, financiados al 100% por los Fondos Next Generation de la Unión Europea. A Córdoba le corresponden 2.188.563 millones de euros para su “centro de crisis”, que permitirá la atención psicológica, jurídica, terapéutica y educativa de las víctimas y su entorno.

El despliegue territorial con el que ya cuanta el Instituto Andaluz de la Mujer son ocho centros de atención en la capitales andaluzas, junto con los 180 centros municipales de información. A esta red, ya existente y junto con el servicio de atención 24 horas operativo en Andalucía desde hace más de 20 años, se unirán ahora estos cuatro centros de referencia en el territorio, ubicados en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. La Junta, en este caso, se encargará de buscar el local ideal en cada una de las provincia.

Y es que el inmueble a adquirir en la ciudad deberá tener unas características específicas para poder cumplir con su fin, para lo que se ha hecho ya un estudio de mercado previo, con ejemplos de locales que en Córdoba capital podrían cumplir con las características exigidas por el IAM. La superficie construida deberá contar, como mínimo, con 458 metros cuadrados.

La superficie útil mínima debe poder albergar estancias como una entrada-recepción, una sala de espera para víctimas y acompañantes, una zona de trabajo habilitada con sistemas de comunicación para la atención 24 horas y 365 días del año para víctimas, allegados y profesionales relacionados, dos despachos, uno para la realización de entrevistas con las usuarias y acompañantes y otro para la dirección. Se recomienda claramente, según la licitación, que tenga dos entradas independientes, una de ellas estará reservada para las víctimas que acudan en situación de crisis en el momento y, además, que el edificio esté integrado en algún barrio de la ciudad como un bloque de pisos más.

Asimismo, el local deberá contar con una zona para la trabajadora social del centro, una para la psicóloga, la jurista y otro espacio para la realización de sesiones de terapia psicológica individual, así como una estancia para la intervención multidisciplinar de todos esos profesionales. También se deberá contar con una sala para realizar talleres grupales con víctimas de violencia sexual que complementen su proceso de recuperación, así como talleres dirigidos tanto a la prevención de la violencia sexual como a la formación de profesionales y voluntariado y una para entrevistas y videoconferencias.

La Junta busca además que este centro cuente con un área de descanso y recuperación de las víctimas, aseos y baños tanto para el personas como para las usuarias, cuarto para archivos, instalaciones y zonas de circulación. Se tendrá en cuenta, también, la funcionalidad, la ergonomía, la iluminación y ventilación de todas las áreas, la ausencia de ruidos y de deslumbramientos, con el objetivo de que la atención a las víctimas se pueda hacer en un espacio cómodo. 

Para facilitar el acceso de las personas usuarias a los inmuebles, estos deberán estar ubicados dentro de los centros urbanos de la ciudad y a una distancia inferior a 500 metros de una parada de autobús o parada de taxis, y con una anchura mínima de la calle de acceso de 10 metros para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Si se trata de una calle peatonal, debe permitir acceso a vehículos.

Si el inmueble no contara con la distribución requerida, que implica que pueda ser flexible en el número y espacio de sus áreas, la persona o empresa licitadora deberá acometer las obras de reforma necesarias que permitan la adaptación del inmueble a las necesidades planteadas. Estas reformas deben de contar previamente con el informe favorable del Instituto Andaluz de la Mujer.

La entidad adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de seis meses para la reforma, incluido el solicitar la oportuna licencia de obras y ejecutar las mismas.

Una vez esté en marcha el servicio, para que las víctimas y sus familiares sean atendidas no será necesaria interposición de una denuncia y, además, podrán acudir a las instancias tanto si la agresión ocurrió recientemente como en el pasado. 

El Instituto Andaluz de la Mujer atendió el pasado año a través del Servicio de atención inmediata psicológica 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía a 118 mujeres, de las cuales 46 requirieron de una intervención presencial en crisis. Según las cuentas del IAM, las atenciones se han duplicado en el último año. Desde la puesta en funcionamiento de este programa, a mediados de 2018, se ha ofrecido apoyo a 254 mujeres. 

Desde la puesta en marcha del Servicio de asesoramiento, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual, en el año 1995, se ha ayudado a casi 6.000 víctimas (5.979) de violencia sexual. Esto hace, según la memoria de la licitación, que se justifique un servicio de atención inmediata especializada por parte de profesionales en las horas inmediatas a la victimización, habida cuenta de que se ha revelado como una medida eficaz para reducir y prevenir la aparición de secuelas posteriores, además de facilitar el acceso y contacto con la administración de justicia y los recursos de atención generalistas.