La Junta lleva a juicio a dos familias por vivir en un local de su propiedad

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denunció ayer que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), perteneciente a la Junta, ha llevado a los tribunales a dos familias por vivir en un local comercial de su propiedad abandonado en la barriada de Las Moreras. Se trata de dos parejas jóvenes (en torno a los 20 y 30 años), una tiene dos hijos y la otra está esperando uno, que son solicitantes de vivienda protegida desde hace años. Son vecinos del barrio que llevan en torno a siete meses ocupando el local al no tener medios económicos para acceder al mercado libre de viviendas.

Hace unas semanas la Policía Local les notificó la denuncia por vía penal que ha interpuesto AVRA y que se ha producido "sin previo aviso", según indicaron desde Apdha. La semana pasada los cuatro jóvenes fueron a juicio y ahora siguen viviendo en el local a la espera de la sentencia.

Desde Apdha señalaron que es "especialmente grave que desde AVRA, la agencia de la Junta de Andalucía que gestiona el parque público andaluz de vivienda social, se haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias".

En este sentido, informaron de que hay que tener en cuenta que este local, "como la mayoría de los espacios comerciales de los edificios de vivienda social de Córdoba, ha estado vacío desde su construcción a principios de los años 90", década de la que "datan las últimas promociones de vivienda social en nuestra ciudad". Apdha agregó que, "según fuentes judiciales, éste no es el único procedimiento penal que ha impulsado AVRA en situaciones similares en las últimas semanas".

La asociación explicó que ha contactado con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía "para intentar encauzar el caso desde una perspectiva social" y "solicitando en reiteradas ocasiones que desistiera de la acción penal". Sin embargo, no han obtenido una respuesta positiva.

Por otra parte, desde Apdha contaron que uno de los argumentos que la agencia de la Junta da para el desahucio es que estas familias son conflictivas y que los vecinos del edificio habían solicitado la actuación de la Administración. Esto "ha quedado desmentido por testimonios recabados por nuestro colectivo" en los que vecinos del bloque aseguran que las familias denunciadas adecuaron el local y han mejorado su salubridad. "Es muy triste que unos personas que son víctimas de la precariedad laboral y del deterioro del ya de por sí débil estado del bienestar que se ha producido en los últimos años puedan acabar con una condena penal simplemente por intentar dar un techo, aunque sea de forma precaria, a sus hijos", aseveraron desde la asociación.