La Junta ve implanteable la intensidad de usos que se pretende en la Colecor

Claro, rotundo y sin concesiones de ningún tipo. Así se expresó ayer el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, a la hora de valorar por primera vez la decisión de la Junta de impugnar el plan especial de la carretera de Palma. El veterano político cordobés, que ostenta las competencias de ordenación del territorio en su Consejería, no quiso dejar el más mínimo resquicio de duda sobre los motivos que le han llevado a tomar una decisión de tan profundo calado para la capital cordobesa. Y los dividió en dos grupos: técnicos y políticos; o, mejor dicho, a la ausencia de motivaciones partidistas en el momento de tomar su decisión. Y, sobe todo, "la legalidad".

Planas dejó claro ayer en Baena que el plan debe impugnarse ante los tribunales porque, en primer lugar, incumple la legislación y modifica sustancialmente la calificación dada a los terrenos afectados por el PGOU. En segundo lugar, el consejero lanzó un tajante mensaje al secretario provincial socialista, Juan Pablo Durán, por sus críticas sobre la falta de información y comunicación previa al partido desde su Consejería: "Soy militante del PSOE desde hace más de 30 años, ahora soy consejero y en mi calidad de tal he tomado la decisión que debía adoptar". El que quiera entender que entienda.

Por partes. Primero lo técnico. El titular de Agricultura insistió ayer en que "los servicios jurídicos de la Junta han anunciado la interposición del recurso contencioso administrativo en el que se piden dos cosas: lo primero y fundamental, el acto de impugnación del plan especial de la carretera de Palma del Río como tal. En segundo, la suspensión acotada a una zona determinada, que es la de las antiguas instalaciones industriales allí presentes", explicó.

¿Qué significa esto? Según fuentes de la Administración andaluza consultadas ayer por El Día, lo que la Junta propone al juez es que no tiene ningún incoveniente con que la parte mayor del plan especial siga adelante, ya que se considera que el Ayuntamiento ha modificado algunas de las cuestiones técnicas con las que no estaba de acuerdo cuando se tumbó el primer plan. Sin embargo, existe otra zona, la que ocupan los terrenos de las industrias históricas -Colecor, Repsol Butano y Agrogás- en la que se han producido unas modificaciones que Ordenación del Territorio no está dispuesta en absoluto a consentir.

En esta línea, Planas aclaró que el recurso sobre esta parte -el llamado ámbito A- "está basado en dos consideraciones fundamentales: que el plan especial ha innovado con respecto a lo dispuesto en el PGOU respecto a los usos, y el segundo, que se refiere a la intensidad de utilización".

Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que la zona afectada en el área de influencia de las industrias históricas tiene considerados en el PGOU vigente unos usos ligados a la transformación de productos primarios o unidos de alguna forma al mundo rural. Lo que el Ayuntamiento plantea, sin embargo, es modificar esos usos hacia los de almacenaje y actividad comercial "porque considera que ya existen en la zona", afirman. Ahí está la primera trampa. Desde la Junta afirman que lo que se recurre no es lo que existe después de que Rafael Gómez construyera sus naves sin permiso y saltándose la ley, que es lo que el plan aprobado por el Pleno pretende, sino aquello que estaba recogido en el PGOU y que fue violentado por la propia edificación de las naves. Dicho en lenguaje más coloquial, lo que no se va a permitir es la construcción de un centro comercial en un lugar en el que lo que debería haber es algún tipo de industria primaria. "Ésta es la razón fundamental del recurso", esgrimió ayer el consejero, y esos cambios de uso "no son elegibles", concluyó. O se le dan los usos del PGOU que entró en vigor en 2003 o no se les da ninguno.

El segundo aspecto sobre el que abundó Planas, aunque lo consideró "suplementario", tiene que ver con la intensidad de utilización de los terrenos a los que afecta el plan. El titular de Medio Ambiente afirmó que "hay una intensidad superior en porcentaje a lo que se considera aplicable y también sobre una superficie más elevada". La Junta entiende que lo que pretende el plan especial es permitir unas industrias más grandes y de mayor impacto que las históricamente previstas y por ahí no hay nada que hacer. La Consejería entiende que el plan de ordenación limitaba el aprovechamiento industrial a una franja más o menos estrecha junto a la carretera de Palma y que lo que se busca desde el Consistorio ahora es dar validez a "una ocupación mucho mayor que llega hasta el pie de la sierra". Las fuentes consultadas señalan que podría plantearse un incremento limitado de esta intensidad, de manera que se permita alguna que otra pequeña nave más, pero en ningún caso del calado de las que se están tratando.

Respecto a la superficie más elevada, desde el departamento que dirige Planas se considera que no es comparable el espacio que ocupaban las dos plantas de la antigua Colecor, por ejemplo, con lo que suponen las dos plantas de las naves ilegales de Rafael Gómez.

El último mensaje que quiso lanzar el consejero en este ámbito técnico se refiere al prisma bajo el que se ha tomado la decisión. "Todo el recurso está articulado bajo un prisma estrictamente jurídico y basado en los informes técnicos de que disponía la Junta", señaló el consejero. Traducido, esto significa que los criterios que imperan en este peliagudo asunto son los de los técnicos y en ningún caso se está dispuesto a permitir injerencias políticas. Las fuentes consultadas por este periódico destacan que los criterios que priman son los que marcó Obras Públicas en 2010 cuando Josefina Cruz estaba al frente del departamento. Esto no deja en buen lugar a la predecesora de ésta, Rosa Aguilar, quien intentó en su época en la Consejería darle una solución rápida y más política a tan engorroso asunto.

Y ahora, la parte política del consejero en Baena. Las justificaciones técnicas del recurso sirvieron a Luis Planas para responder a las duras críticas que le lanzó el jueves el portavoz socialista y secretario del partido en Córdoba, Juan Pablo Durán. Sin torcer el gesto, Planas recordó a Durán que respeta la decisión de todos y la votación en el Pleno del Ayuntamiento, si bien aclaró que "mi obligación como consejero es la de asegurar la legalidad del acuerdo adoptado y ésta es la consideración que ha movido la decisión".

Planas dejó claro en todo momento que distingue a la perfección su condición de militante socialista -"desde hace más de 30 años"- con la de miembro del Gobierno andaluz. En este sentido, las críticas vertidas por Durán sobre el modo en que se enteró de la interposición del recurso -minutos antes de que se hiciese público en una nota de prensa- no parecen afectarle demasiado. El consejero mandó un claro y rotundo mensaje al asegurar que "llevo más de 30 años en el PSOE y he sido, entre otras cosas, secretario general de Córdoba. He hablado -continuó- con los que me han precedido, con los que me han sucedido y con el secretario provincial actual, pero las conversaciones personales y privadas las dejo siempre en manos de aquellos con los que hablo y tengo mucha prudencia sobre ellas y su contenido".

No parece, por tanto, el consejero muy preocupado por la reacción que el recurso ha causado entre los suyos en Córdoba y tiene claro que no va a aceptar presiones de ningún tipo en este caso. Quizás sea porque sabe que "preocupa que el tema se prolongue" en el tiempo, quizás, sentenció, "porque hace falta restaurar la legalidad y, sobre todo, porque esas naves están ahí y, probablemente, jamás deberían haber estado". Más claro, agua.