La plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha pedido este miércoles que se tomen medidas cautelares y se paralice "cualquier decisión presupuestaria o de cualquier otra índole" en lo relacionado a la instalación en Córdoba de la base logística del Ejército, después de que el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid haya admitido a trámite la denuncia interpuesta en mayo por irregularidades en su adjudicación.

En una rueda de prensa, Juan Marín, encargado del gabinete jurídico que interpuso la denuncia en nombre de la plataforma ciudadana, ha asegurado que las medidas cautelares se piden para velar por todos los intereses generales, y que tienen que ver con la paralización del desarrollo del proyecto tanto en Córdoba como donde en otros lugares, "entretanto no se depure la legalidad de la decisión".

Ha indicado que esto es necesario porque se van a hacer "disposiciones económicas enormes" que luego pueden quedar anuladas "puesto que están basadas en un delito" y "no están basadas en norma", ya que "las decisiones políticas no pueden estar por encima de la ley".

Ha añadido que lo aconsejable es que se paralice el desarrollo del proceso para que después no "sea causa de dolores de cabeza tanto para Córdoba, como ciudad designada para el proyecto, como para las arcas del Estado", y si se anula el proceso poder competir todos en igualdad de condiciones.

Desde la plataforma han invitado al Ayuntamiento de Jaén, que es la parte interesada, en personarse en este procedimiento penal y ponen a disposición del consistorio el contenido de su denuncia para que defiende los intereses de la ciudad de Jaén y de la provincia.

Asimismo, desde la plataforma han explicado que hay una incidencia procesal en cuanto a su personación en el procedimiento, ante lo que defienden que se les mantenga en la causa como parte interesada como acusación popular, sin prejuicio que puedan invitar a las autoridades locales y provinciales para que se puedan presentar como acusación particular.

Desde la plataforma han indicado que la denuncia se sitúa en el ámbito penal, por un delito de prevaricación administrativa, después de que se decidiese la instalación de la base logística en Córdoba, "solo publicada en una nota de prensa", sin ajustarse a derecho.

Han añadido que la decisión de adjudicar la base logística a Córdoba, "que no deja de ser un hecho administrativo, tiene que estar sometida a ley" y "no se ha sujeto a normativa de aplicación" ni al procedimiento específico previsto