Interior estima que en Córdoba operan entre 11 y 20 bandas organizadas

El Ministerio del Interior considera crimen organizado a todo aquel grupo compuesto por tres o más personas que actúe de manera prolongada en el tiempo cometiendo delitos graves en busca de beneficio o de poder. Para que una reunión de delincuentes sea considerada crimen organizado han de cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: reparto específico de tareas, uso de algún tipo de control interno, extensión al ámbito internacional, uso de la violencia, blanqueo de capitales, uso de estructuras económicas o comerciales e influencia y/o corrupción de autoridades públicas o empresas.

¿Cuántas organizaciones de este tipo operan en Córdoba? Pues el Gobierno ha realizado una estimación en base a los datos de las actuaciones e investigaciones ejecutadas por los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil, fundamentalmente) y ha llegado a la conclusión de que en la provincia hay entre 11 y 20 grupos de crimen organizado. Según la fuentes consultadas por el Día, algunas de estas agrupaciones actúan solamente en suelo cordobés, mientras que otras trabajan en red en otras provincia o tienen su mando de operaciones en otra ciudad, aunque desarrollen sus acciones en otros puntos de la geografía andaluza o española. En cualquier caso, el balance del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz sitúa a Córdoba en una situación muy parecida a Almería o Huelva, que tienen más o menos las mismas organizaciones de este tipo, mientras que Granada se coloca por encima, ya que cuenta con entre 21 y 30 bandas. Jaén es el territorio menos problemático con menos de una decena de grupos criminales, mientras que Cádiz y Málaga son las más activas con una horquilla de entre 51 y 100 estructuras. En el caso de Sevilla, se localizan entre 31 y 50.

En España se registraron 445 grupos de este tipo a lo largo de 2015. De ellos, fueron desarticulados 274, lo que supone el 62% del total. De otros 158 se detuvo a alguno de sus miembros, pero permanecen activos, mientras que otros 13 siguen operando sin que las Fuerzas de Seguridad hayan podido aún controlarlos. En este periodo se investigó a 18.463 personas y se detuvo a 5.936.

La estadística general, aplicable también a provincias como Córdoba, apuntan que el 80% de los grupos tienen un tiempo de actividad inferior a tres años y el 68% de ellos están compuestos por personas de más de una nacionalidad. El 65% de estas bandas de delincuentes presentan una actividad internacional, mientras que sólo un 19% de las mismas están compuestas exclusivamente por ciudadanos españoles. El 60% de los grupos que operan en el país fueron detectados en 2015.

La principal actividad de estas organizaciones criminales es el tráfico de estupefacientes. A ello se dedicaba casi la mitad de los grupos detectados por el Ministerio del Interior el año pasado. En concreto, hubo 123 organizaciones especializadas en el tráfico de cocaína, lo que supone el 28%, y otras 95 que se dedicaban a introducir hachís en España. Estas últimas representan un 21% del total de bandas y son quizás las que tienen una mayor incidencia en el sur de España. No obstante, cada territorio tiene sus especifidades.

En el caso de Córdoba, una de las investigaciones más espectaculares de las desarrolladas en el último año ha estado relacionada con el fraude a la Seguridad Social. Se trata de la llamada Operación Palacios, de la que aún quedan algunos flecos y que acumula un total de 102 detenidos, 57 investigados (imputados) y 1,3 millones de euros en dinero defraudado al erario público. Todo comenzó a mediados de 2014, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, de nacionalidad rumana, que acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando así haber acumulado los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo. Conforme avanzaba la investigación, los agentes de la Policía Nacional y el personal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social pudieron comprobar cómo las referidas empresas se habían creado de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores.

Gracias a las pesquisas conjuntas, pudieron obtener indicios sólidos y razonables de que el cabecilla de la organización coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la venta "a la carta" de contratos de trabajo a tercera personas -conocedoras de la falsedad de los contratos- por unos 800 euros aproximadamente, exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían. Por todo ello, durante los meses estivales del pasado año los investigadores procedieron a la identificación plena de los implicados en la trama delictiva, desmantelando seis empresas ficticias, deteniendo a 75 personas -supuestos trabajadores- e imputado a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, que luego se completó con más arrestados, hasta llegar a 102 personas. Además, los implicados habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal o jubilación anticipada) y entre ellos había personas extranjeras que querían regularizar su situación.

La Guardia Civil también ha desarrollado operativos importantes en la provincia a lo largo del último año, principalmente ligados al contrabando de tabaco, drogas, robos en explotaciones agrícolas y fincas o intervenciones en tiendas de telefonía, entre otras. Así, los agentes del instituto armado desarrollaron en verano un operativo -Flunchal- en el que se detuvo a siete personas por el robo de dos kilómetros de cableado de cobre, que se llevaron en instalaciones ferroviarios del ADIF, así como en plantas solares y fotovoltaicas. Con la caída de esta banda se esclarecieron 40 robos y los daños se valoraron en 600.000 euros.

Otro grupo desmantelado en el último ejercicio por la Guardia Civil fue el dedicado al robo en comercios, sobre todo en estancos, mediante la técnica del butrón, en barrios como Noreña y Ciudad Jardín. Los efectos robados alcanzaron un valor de 200.000 euros. También tuvo trascendencia la actuación del instituto armado cuando detuvo a nueve personas pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de vehículos de alta gama procedencia ilícita, que habían sido sustraídos tanto en España como en Italia y otros países europeos. Los coches de lujos estaban valorados en 400.000 euros.

Más recientemente, se culminó otra actuación con seis personas arrestadas que formaban parte de un grupo dedicado al robo de material en tiendas de telefonía móvil. En total se esclarecieron 32 robos de teléfonos, tablets, ordenadores y efectos de poco peso "fáciles de transportar y vender". De otro lado, la Guardia Civil cerró también el operativo que venía desarrollando en Montoro contra el robo en explotaciones agrícolas, edificios públicos y inmuebles propiedad del Ayuntamiento, con la detención de 12 personas y el esclarecimiento de 16 delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico. Las investigaciones se iniciaron tras detectar la Guardia Civil que se estaban cometiendo infracciones penales contra el patrimonio en fincas agrícolas, edificios públicos, inmuebles de titularidad municipal, así como vehículos y establecimientos de hostelería en el Alto Guadalquivir. Los autores sustraían principalmente, maquinaría agrícola, herramientas de construcción y placas solares.