Imputado por construir un chalet en la urbanización de El JardinitoJuzgan hoy al acusado de dar el móvil de su ex pareja como prostituta
Sobre el propietario de la vivienda ya recaía una sanción anterior por vulnerar la leyEl fiscal le pide 5 años de cárcel por un delito de violencia doméstica y amenazas
La Guardia Civil ha imputado a un vecino de la capital un delito contra la ordenación del territorio por construir un chalet en una parcela de la urbanización de El Jardinito, situada en el término municipal de Córdoba y cuyo suelo está declarado como no urbanizable.
Los agentes detectaron a mediados de 2007 que en dicha parcela se había realizado un desbroce de vegetación y una explanación con maquinaria pesada, careciendo su titular de las autorizaciones preceptivas para este tipo de trabajos. Ante ello, el Seprona instruyó un expediente de denuncia que fue entregado en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, por vulnerar el propietario de dicha parcela lo dispuesto en la ley de flora y fauna y en la forestal de Andalucía, recayendo en el expediente sancionador la correspondiente sanción pecuniaria y la obligación a reponer la situación a su estado anterior.
No obstante, y tras un nuevo control sobre la zona, los agentes detectaron el pasado mes de noviembre que el propietario en lugar de proceder al restablecimiento de la situación anterior, se estaba construyendo, además, una vivienda tipo chalet con una piscina y, junto a estas obras, ya se había instalado una casa prefabricada.
Ante ello, la Guardia Civil procedió a mediados de este mes a la instrucción de diligencias y ha imputado al propietario de la parcela, de 47 años de edad y vecino de Córdoba, como presunto autor de un delito contra la Ordenación del Territorio, previsto en el artículo 319 del Código Penal.
La Fiscalía de Córdoba pide cinco años de cárcel para M. K. J. D., que será juzgado hoy por un delito de violencia doméstica y amenazas a su ex pareja debido a que ésta decidió romper la relación sentimental después de 14 meses tras constantes desavenencias, hecho que no fue aceptado por el acusado. Según la calificación del ministerio público, en agosto de 2007, una semana después de terminar la relación, el procesado se personó en el domicilio de los padres de ella, a los que nunca había visto, para preguntarles insistentemente si eran ellos los responsables de la ruptura.
Asimismo, "furioso y con el ánimo de humillarla", facilitó el número de teléfono de la mujer a distintos vecinos de Priego de Córdoba, donde ella vivía, haciéndoles creer que era una prostituta, por lo que durante todo el mes de septiembre estuvo recibiendo llamadas solicitándole prácticas sexuales. Además, desde la ruptura, el acusado constantemente le envió cartas en las que le decía que ella le había sido siempre infiel, por lo que también, con el ánimo de humillarla, a finales de 2007 colocó en distintos lugares del municipio varios carteles en los que le insultaba y aparecía su número de móvil.
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