La primera subasta de bienes propiedad de Arenal 2.000 que realiza el Ayuntamiento para cobrar parte de la sustanciosa deuda que mantiene el empresario y concejal Rafael Gómez no servirá para reducir la fortísima deuda que mantiene con la hacienda municipal como consecuencia de diversos expedientes urbanísticos, el más relevante de ellos, los 24,7 millones de euros derivados de la construcción sin licencia de las naves de Colecor. En aplicación del Reglamento de Recaudación, la primera subasta, prevista para el 29 de septiembre, afectará al pago de cuotas atrasadas del Impuesto de Bienes Inmuebles por un valor cercano a medio millón de euros. Sin embargo, la valoración de los dos inmuebles que salen a subasta pública, el antiguo matadero de Iccosa y dos locales comerciales anexos en la céntrica calle San Pablo, ascienden a un mínimo de 4,7 millones de euros, según el expediente municipal.

En el caso de que el Ayuntamiento consiga vender esas propiedades, el Consistorio sólo podrá quedarse con la parte de IBI que la corresponde. Las cantidades sobrantes tendrán que repartirse entre otros deudores, si los hubiere, según el orden de prelación marcado en el Registro de la Propiedad o ser reingresados en una cuenta corriente de Arenal 2.000. La norma impide la agrupación de deudas, de forma que el Consistorio no podrá cobrarse, siquiera una parte, del resto de las cantidades pendientes por diversos motivos. Un informe municipal fechado hace escasos meses advertía que el Ayuntamiento cuenta con el primer orden de prelación en el cobro de deudas en muy pocos bienes de los embargados preventivamente para garantizar el cobro de la multa de Colecor. Dicho dictamen era verdaderamente pesimista de que el Consistorio tuviese herramientas para poder ingresar, siquiera parcialmente, el principal de la sanción.

Antes de vender el oso, hay que matarlo. Y no está tan claro que la subasta implique directamente un interés de particulares o empresas por estas propiedades. El antiguo matadero de Iccosa tiene una valoración mínima de 3,5 millones de euros mientras que los locales de San Pablo se han tasado en 1,2 millones de euros. Si no se venden en primera instancia, el Consistorio puede volver a sacarlos con un descuento del 25% sobre esas cantidades.

Existe una posibilidad de que nadie esté interesado en la adquisición de estos bienes. En ese caso concreto, el Consistorio tendría la obligación de declarar como fallida la deuda. Según las normas aplicables al caso, el recorrido del expediente administrativo consiste en levantar los embargos y devolver, literalmente, el control de las propiedades a Arenal 2.000. Sólo en ese caso, el Ayuntamiento puede iniciar un expediente que deriva la responsabilidad del expediente desde la sociedad mercantil que tiene el débito tributario a sus responsables jurídicos, esto es, Rafael Gómez.