La Guardia Civil acusa a los hermanos Casado de pagar 90.000 euros a Guerrero

La rama cordobesa del famoso caso de los ERE fue descubierta por la Guardia Civil gracias a las declaraciones de Juan Francisco Trujillo, el exchófer del que fuera director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. En dichas manifestaciones, Trujillo declaró que entre las empresas a las que elaboró facturación ficticia se encontraba una empresa constructora de Córdoba, Licassan Gestión y Servicios SL -de la que era administrador el afiliado de CCOO Francisco Casado Sánchez y apoderado su hermano José Manuel-, que, primero, habría "mantenido operaciones comerciales ficticias con la sociedad Logística Estrategia Empresarial", una de las empresas que Trujillo habría creado para que le llegasen fondos a Guerrero, y después habría realizado pagos a la misma en 2006 por importe de 89.915,59 euros. Según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso El Día, estas operaciones comerciales se habrían realizado con el objetivo de realizar "una contraprestación en virtud del trato de favor" concedido a José Manuel Casado Sánchez en la tramitación del expediente de regulación de empleo (ERE) que se llevó a cabo en Asean Brown Bovery (ABB) en los años 2002 y 2003.

Es en virtud de estos hechos por los que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Francisco Casado Sánchez los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación. La juez decretó en la madrugada de ayer la puesta en libertad con cargos de Francisco Casado Sánchez -detenido el martes en el marco de la operación Heracles II- y le impuso una fianza civil de 119.887 euros así como la obligación de comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes. Mientras, la Guardia Civil atribuye a su hermano José Manuel un presunto delito de cohecho junto a otros dos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. José Manuel Casado fue puesto en libertad el miércoles por la Guardia Civil tras tomarle declaración.

La UCO liga en su relato de los hechos un acontecimiento ocurrido en 2006 con otro de 2003 y de ahí deduce la comisión de varios delitos por parte de los hermanos. Así, Licassan Gestiones Empresariales y Servicios SL realiza en el año 2006 pagos a Lógica Estratégica Empresarial SL por valor de 89.915,59 euros "en base a la facturación falsa elaborada por Francisco Trujillo siguiendo las instrucciones de Francisco Javier Guerrero", lo que podría deberse a una contraprestación en virtud del trato de favor recibido" por José Manuel Casado Sánchez en su inclusión en el ERE que ABB levó a cabo en el año 2003.

¿Y cómo sucede esto? La Guardia Civil lo tiene claro. Según su informe, en el año 2003 la empresa cordobesa procede a un reducción de plantilla en la que se incluye José Manuel Casado, quien en aquel momento era presidente del comité de empresa de la multinacional. En dicho expediente, Casado aparece como beneficiario de la póliza suscrita por Vitalicio Seguros y la Guardia Civil sostiene que la elevada indemnización que recibió, de 283.024,51 euros, "fue muy superior a la media del resto de los beneficiarios de la citada póliza, entre los que se encontraban empleados de la misma categoría e inclusive antigüedad". Para ello, la UCO considera que Francisco Casado se habría valido de su relación "más allá de lo estrictamente profesional" con Guerrero para lograr la suscripción de la póliza a nombre de su hermano y que por ello años después, en 2006, habría procedido al pago de los 89.915,59 euros para agradecer las gestiones que el exdirector general de Empleo habría llevado a cabo. Francisco Casado Sánchez fue hasta el año 2001 el responsable de Acción Sindical del sindicato CCOO en Córdoba y con posterioridad se mantuvo en dicha central hasta competir por la Secretaría Provincial de la misma con el a cual responsable, Rafael Rodríguez.

La juez Mercedes Alaya, en su auto de la madrugada del viernes, decreta la libertad provisional de Francisco Casado Sánchez y señala que, "aunque no existe riesgo de fuga relevante, no es posible descartar de modo absoluto que el acusado pueda enardecerse a la acción d de la Justicia", por lo que determina la prohibición absoluta a Casado Sánchez de salir de España.

Por su parte, fuentes cercanas a Francisco Casado señalaron ayer que su intención es recurrir el auto de la juez y destacaron que el exdirigente de CCOO negó en todo momento las acusaciones que le realizó Alaya.