La Junta pretende que los 27,7 millones de euros que van a ingresar en total las arcas de los ayuntamientos cordobeses del Programa de Transición al Empleo (Proteja) sirvan para dar un impulso a las empresas constructoras de cada una de las localidades. Así se lo transmitió ayer el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, a los alcaldes de la provincia en un encuentro celebrado en la capital con la finalidad de detallarles todos los pormenores del Proteja. "La construcción ha sido un sector de arrastre; una actividad que es necesario que se mantenga y de la que hay que evitar su desplome abrupto", resaltó el consejero, quien puntualizó que "se trata de unos fondos que se repartirán entre obras municipales y formación o reciclaje de quienes trabajaban en la construcción hacia otros sectores".

Tanto Griñán como la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, puntualizaron que esos 27,7 millones de euros se repartirán en cada municipio teniendo en cuenta el censo a enero de 2007 -20% del total asignado a cada localidad-, la tasa de desempleo a octubre de 2008 -el 50%- y la diferencia entre las tasas de desempleo a octubre de 2007 y de 2008 -el 30% restante-. "Para contar el número de desempleados en cada municipio no se ha tenido en cuenta a aquellos que están apuntados al programa de empleo agrario [Aepsa]", subrayó el consejero, quien intentó de esta manera disipar dudas como las del alcalde de Villaralto, Manuel Gómez, quien no entendía los "sólo 37.647 euros que vamos a percibir cuando hay municipios menores de nuestro entorno que en proporción se van a llevar más cuantía". Precisamente, el consejero insistió en que la Administración autonómica ha sido en el reparto más generosa en proporción con los ayuntamientos de municipios menores de 1.000 habitantes, "ya que son los que más dificultades atraviesan a la hora de poner en marcha las obras", indicó.

Será la Diputación la que gestione la presentación de proyectos de todos las localidades menores de 20.000 habitantes, "aunque también las mayores de 20.000 habitantes que así lo decidan podrán darle esa responsabilidad a la institución provincial; el resto lo hará a través de la Delegación del Gobierno", apostilló el consejero andaluz.

Los alcaldes saben desde ayer que los ayuntamientos deben estar adheridos al programa antes del 23 de diciembre; el 31 de ese mismo mes deben tener diseñado la relación de proyectos con la certificación de cada uno de los plenos, proyectos que serán verificados el 28 de febrero por una comisión provincial creada a tal efecto "y entre el 10 y el 20 de marzo la Consejería ingresará a los consistorios el cien por cien de los fondos", relató Griñán.

Con estos plazos, el consejero sentenció que "estas medidas tendrán efecto a partir de la próxima primavera". En este sentido, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, pidió al también vicepresidente segundo del Gobierno Chaves que "no se esconda en una nueva fecha" y que ponga en marcha "medidas serias y contundentes" que ayuden a las familias y las pymes a salir de la crisis.

También habló al respecto IU por boca de la portavoz de la coalición en la Diputación, Elena Cortés, quien insistió en que "de nuevo, la Junta hace promesas sin la garantía de poder realizarlas ya que el presupuesto que se destina a los ayuntamientos de nuestra provincia es bastante escaso para poder ayudarlos a salir de la difícil situación económica en la que se encuentran".

En el encuentro con Griñán, alcaldes como el de Belalcázar, Antonio Vigara, y el de Encinas Reales, Gabriel González, plantearon la posibilidad de que en casos especiales sea la propia Administración local la que gestione esos fondos. "No se ha tenido, por ejemplo, en cuenta el censo importante de desempleados ganaderos que también están en esa situación por la especulación", reseñó Vigara.