El presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, ha afirmado hoy que las dos querellas presentadas contra su ex director general Francisco Jurado y el empresario Rafael Gómez afectan a la etapa anterior de la caja. En declaraciones a los periodistas, Gómez Sierra ha hecho referencia a las querellas interpuestas contra Jurado y Gómez por los delitos societarios de administración desleal que podrían haber causado a la caja perjuicios superiores al millón de euros. De este modo, el presidente de CajaSur ha informado de que en 2007, con motivo de una investigación interna, que también se hizo con ayuda externa, se tuvo conocimiento de unos hechos ocurridos en 2004 y que consistían en unas "operaciones irregulares".

Por este motivo, Gómez Sierra ha indicado que el Consejo de Administración de CajaSur, que "tiene la obligación de administrar bienes ajenos", ha aprobado la interposición de sendas querellas contra Gómez y Jurado con la finalidad de "mantener la transparencia y defender sus propios intereses".

La querella contra Gómez, a la que ha tenido acceso Efe, hace referencia a unos hechos que tuvieron lugar en 2004, cuando la caja compartía la propiedad inmobiliaria Arenal Sur 21 con el empresario cordobés. En su demanda, la entidad financiera asegura que Gómez suscribió en agosto de aquel año un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios o de imposible cumplimiento. La querella asegura que Gómez contrató los servicios de esta empresa para que le hiciera determinadas gestiones con la intención de que el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) modificara la edificabilidad de unos terrenos propiedad de Arenal Sur 21 en los que los aprovechamientos legales rondaban los 4.200 metros.

Sin embargo, siempre según la querella, Gómez pretendía que esa edificabilidad superase los 39.000 metros cuadrados, un 942 por ciento más de los originariamente establecidos, mientras que la legalidad urbanística indica que ese incremento del aprovechamiento nunca podría haber superado el 30 por ciento.

La entidad financiera sostiene en su demanda que ese encargo era de imposible cumplimiento y que causó un perjuicio patrimonial a la firma Arenal Sur 21 estimado en un millón de euros.

En cuanto a la querella contra Francisco Jurado, último director general de CajaSur en la etapa de Miguel Castillejo, la caja cordobesa considera que ha incumplido la buena fe contractual al vulnerar la normativa interna y no respetar los controles en la concesión de determinados créditos.

La querella cuestiona dos créditos otorgados a una empresa que pretendía comprar suelo sin contar con las necesarias garantías y sostiene que el propio Jurado habría resultado beneficiado con esta operación, ya que le acusa de cobrar sendas comisiones por un importe total de 180.000 euros que, siempre según la caja, podría haber cobrado a través de una empresa que compartía con su esposa.