La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) pondrá “toda la voluntad para normalizar la situación de todas las viviendas que estén dentro del decreto” de la Junta de Andalucía. Las que podrán adherirse a esta resolución son las que están en suelo urbano o urbanizable, sin embargo hay excepciones.

Por una parte, están las parcelaciones que están en zona de especial protección patrimonial o medio ambiental. En este punto, en Córdoba se dan varios casos como las viviendas que están junto a la ciudad palatina de Medina Azahara y las de la Sierra. Por otro, tampoco entrarán en el decreto las que se asienten en zonas inundables, como las que están junto al aeropuerto, en lo que sería el cauce del río.

Según los datos de la Junta, en la capital hay alrededor de 11.000 viviendas irregulares. Respecto a la provincia, en Montoro hay 2.562;en el Valle del Guadiato y Los Pedroches 11.900; en la Vega del Guadalquivir 5.654 y en la Campiña y Subbética 16.150. Hay que tener en cuenta que el estudio está hecho por zonas y algunas de ellas se extienden por varias provincias, como ocurre en la Campiña, Subbética y Vega del Guadalquivir.

La GMU inspeccionará y levantará actas de cada edificación en zona inundable

Los propietarios de casas aisladas serán los que tendrán que solicitar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO), mientras que los ayuntamientos tendrán que tramitar los planes especiales en el caso de agrupaciones de viviendas.

Con la flexibilización de los criterios por parte de la Junta, va a depender de la voluntad de los consistorios solucionar un mayor o menor número de situaciones irregulares. En el caso de Córdoba, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, se ha comprometido con el Consejo del Movimiento Ciudadano a “hacer todo lo posible y facilitar la normalización de esas viviendas dentro del margen de maniobra que da el decreto”.

No todas las parcelas del aeropuerto se quedarían fuera de esta resolución. “Algunas del aeropuerto vamos a intentar salvarlas”, explica Fuentes, “siempre que podamos demostrar que no están en zona inundable”. Estas serían una parte de Fontanar de Quintos. Otras son “absolutamente insalvables porque están en zona de escritura de río”. En este sentido, recuerda las últimas inundaciones graves sufridas en 2010, cuando el agua superó el medio metro en las viviendas de Guadalvalle.

La intención es hacer una inspección, ver cada caso, levantar acta de cada edificación e intentar buscar una alternativa habitacional a las familias que estén allí por primera necesidad y no tengan medios para vivir en otro lugar. Las salidas se verían a través de Servicios Sociales o de Vimcorsa. Los que están por razones que no son de primera necesidad “van a la calle”. “No lo voy a hacer persiguiendo a nadie, sino levantando actas y buscando soluciones”, asevera el presidente de la GMU.

La provincia no escapa a este problema. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta tiene contabilizados 66 ayuntamientos que han tramitado alguno de los documentos para identificar parcelaciones en suelo no urbanizable. De ellos, cerca de la mitad se han acogido a la figura del avance de planeamiento y otros tantos son de innecesariedad.

Los criterios del decreto

La norma de la Junta, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta a los dueños de las edificaciones irregulares.

Estas viviendas se levantaron al margen de la legalidad urbanística y sobre ellas ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas.

El primer pilar sobre el que se asienta el decreto es la declaración AFO, que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. La nueva norma permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones.

En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de ellos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Así, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses.

El tercer pilar es la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.