Gallardón califica de despropósito la expropiación de la Mezquita

El debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba se coló ayer en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde el senador por IU, el cordobés José Manuel Mariscal, interpeló al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los "privilegios" que a su juicio tiene la Iglesia Católica al haber inmatriculado el monumento en el Registro de la Propiedad. La respuesta del titular de Justicia fue contundente y rechazó de pleno el planteamiento de algunas formaciones sobre una posible expropiación del edificio. Así, Gallardón consideró que eso sería "un despropósito económico y jurídico".

En primer término, indicó que la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico exige para la expropiación que exista "peligro de destrucción o deterioro o usos incompatibles", circunstancia que el ministro dio a entender que no se da en este caso. Pero además, Ruiz-Gallardón recordó al senador de IU que llegado el caso, habría que indemnizar al Obispado, por lo que preguntó "¿por qué propone usted que le demos a la Iglesia Católica ingentes cantidades de dinero cuando por ocho euros podemos disfrutar de la Mezquita?".

El dirigente popular apuntó además que sería un "despropósito jurídico" porque, en su opinión, "la inscripción del dominio no es constitutiva de la propiedad", con lo que "la Mezquita podría estar inscrita o podía no estarlo, pero eso no afecta a la propiedad". Es más, el ministro incluso dijo que "muchos de sus señorías seguro que tenemos bienes inmuebles sin que los hayamos inscrito", un comentario que provocó murmullos entre los senadores asistentes. Respecto al planteamiento de José Manuel Mariscal de que toda inscripción en el Registro cuenta con un plazo de diez años para que sea reversible esa situación, el ministro corrigió al dirigente del PCA y le recordó que la Ley Hipotecaria marca un máximo de dos años y que la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba se produjo en el año 2006, cuando gobernaban "sus socios" del PSOE. Ruiz Gallardón dijo que "ni en 2007 ni en 2008 se dijo nada", por lo que "nadie objetó la inmatriculación".

Previamente, Mariscal había intervenido en la Cámara para criticar que por apenas "30 euros" la Iglesia Católica había inscrito la Mezquita y que ese es el coste de la inmatriculación de un monumento de más de 23.000 metros cuadrados que, según el senador, genera una gran cantidad de ingresos "libres de impuestos al año", ya que se registran más de 1,2 millones de visitas al edificio y la entrada cuesta ocho euros. También calificó de "opaca y abusiva" la gestión del inmueble por el Cabildo y preguntó al ministro si está dispuesto a modificar la ley "para evitar este robo".

Respecto a los cambios legislativos, Alberto Ruiz-Gallardón señaló que en el consejo de ministros del 11 de abril se aprobó un anteproyecto de ley para equiparar a la Iglesia Católica al resto de ciudadanos en la inmatriculación de bienes. Una de las curiosidades del debate entre ambos dirigentes fue que en todo momento utilizaron el término Mezquita, pese al uso generalizado, al menos en Córdoba, de la palabra Mezquita-Catedral.

Sobre este asunto habló ayer también el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, quien dijo que "al margen de lo que a uno le pueda gustar o no", hay una realidad histórica y jurídica en la Mezquita-Catedral y que "se plasma" en un informe en el que trabaja el Gobierno central, que avala la titularidad de la Iglesia sobre dicho monumento Patrimonio de la Humanidad. El regidor expuso que ese informe "pone de manifiesto algo que sinceramente nadie duda", y apuntó que "otra cosa es que pueda haber personas a las que les gustaría que la realidad fuera distinta, pero la realidad es la que es, y es que la Mezquita-Catedral de Córdoba desde 1236, y con seguridad jurídica desde algunos años después, pero ya prácticamente ocho siglos, es un espacio cuya titularidad corresponde al Cabildo Catedral y la Iglesia Católica".

También indicó que "ante la obviedad hay alternativas, pero no es que un Gobierno o una presidenta de un Gobierno manifieste o exprese su deseo o lo que a ella le gustaría", a lo que añadió que "cuando uno gobierna o acata las normas y lo que de ellas se desprenden, o trata de cambiarlas", defendió José Antonio Nieto.