La Asociación Galgos de Sur demanda al Ayuntamiento de Córdoba ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo "por las irregularidades administrativas existentes" en las perreras que se encuentran al final del Camino de Carbonell, junto al río Guadalquivir.

Se trata de unas instalaciones respecto de las cuales la asociación ha interpuesto demanda contencioso administrativa por "la inexistencia de las preceptivas autorizaciones administrativas y la falta de ejercicio de actividad inspectora por parte del Ayuntamiento".

Tras la presentación de dos denuncias en 2021 contra las perreras que "pueden llegar a albergar más de 300 perros destinados a la caza malviviendo en condiciones deplorables y soportando temperaturas extremas en zulos", la interposición de la demanda se produjo en pasado año.

Una vez iniciado el procedimiento judicial, la asociación ha podido constatar que la actividad inspectora realizada por los cuerpos de seguridad "en nada tiene que ver con la petición formulada en el escrito de denuncia, no llevando a cabo ninguna de las medidas cautelares solicitadas".

La demanda contenciosa fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo frente a la cual la Asociación Galgos del Sur ha interpuesto, en los últimos días, recurso de apelación que será resuelto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. En este sentido, el Ayuntamiento se remite a la decisión del Contencioso y ha declinado responder hasta tanto el TSJA no se pronuncie sobre el recurso. 

Perreras de Carbonell.

"Resulta paradójico que una entidad de protección animal esté sometida a constantes inspecciones no llegando a albergar ni una cuarta parte de los animales que pueden existir en las perreras denunciadas y la Administración mire para otro lado", denuncia Galgos del Sur, que asegura que "se trata de unas instalaciones que carecen de los más mínimos requisitos para albergar ese elevado número de animales, adoleciendo de los preceptivos permisos a los que cualquier centro estaría obligado a tener".

La dirección jurídica del procedimiento es llevado por la licenciada Dulce Aguilera del despacho jurídico Justicia- Animales&Medio Ambiente. Desde la Asociación Galgos del Sur advierten de que "todas las medidas que legalmente tengamos a nuestro alcance de cara a exigir el cumplimiento de la ley y depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse".