La Fiscalía retira los cargos contra uno de los acusados del brote de brucelosis

La Fiscalía Provincial de Córdoba retiró ayer la acusación contra I. M. M., el dueño y administrador de la finca El Coscojal, en Palma del Río, donde en el año 1999 se detectó un brote de brucelosis que infectó a un centenar de personas por una partida de queso fresco contaminado. El Ministerio Público solicitaba originalmente cuatro años de prisión para el empresario, la misma pena que proponía para R. R. L., el encargado de labor del cortijo. La fiscal encargada del caso también limitó la responsabilidad penal del trabajador en el brote y redujo a diez meses la petición de cárcel por un delito imprudente contra la salud pública. En cuanto a las indemnizaciones, el Ministerio Público mantuvo que la sociedad que preside I. M. M. afronte esta responsabilidad.

El caso quedó visto para sentencia tras cuatro intensas sesiones por las que han pasado un centenar de testigos, veterinarios, expertos en sanidad animal y guardias civiles. La fiscal citó a la epidemióloga que estudió el foco para recordar que el de Palma del Río fue "el mayor brote de brucelosis recogido por la literatura científica". Esta enfermedad, también llamada fiebre de malta, provoca dolores en las articulaciones, molestias musculares, vómitos, mareos y fiebres altas. Una de las afectadas aseguró incluso que los médicos le recomendaron que abortara debido al alto riesgo durante la gestación.

Según la fiscal, lo que se vivió en la localidad del Valle del Guadalquivir fue una "realidad de manual". Tras escuchar a todos los testigos, concluyó que el origen del brote podría estar en un contagio por vía sexual entre el ganado de El Coscojal y otro rebaño procedente de fuera no sujeto a control sanitario. Queda en el aire, sin embargo, dónde se fabricó el queso y quién lo distribuyó, aunque los testigos apuntaron a una persona que se desplazaba en bicicleta y que podría corresponderse con el cabrero -ya fallecido-, suegro de R. R. L.

Desde que se presentaron las primeras denuncias y el Juzgado de Instrucción número 1 de Posadas abrió las diligencias, han pasado 12 años. Por todo este tiempo transcurrido, los abogados defensores solicitaron que, en caso de ser condenados sus clientes, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 aplique una atenuante de dilación indebida.

El propio guardia civil que asumió la investigación criticó el lunes durante su interrogatorio que el juez instructor tardara dos años en encargarle esta labor. El agente fue contundente y, en términos coloquiales, dijo que le dio "coraje". Debido a que ya había transcurrido todo este tiempo, el guardia encontró reticentes a los vecinos, muchos de los cuales se negaron a responder a sus preguntas. El Instituto Armado limitó su investigación a identificar al posible vendedor del queso fresco, pero no buscó dónde se fabricó este producto. Algunos afectados le dijeron que procedía de El Coscojal, aunque muchos de ellos dijeron que conocían esta información como referencia de terceras personas.

El juicio ha dejado al descubierto algunas irregularidades, como que el pastor, al parecer, vendía la leche de las cabras a una cooperativa de Fuente Palmera a cambio de dinero negro, según apuntó R. R. L. El dueño de El Coscojal, I. M. M., también dijo que era su padre, ya jubilado, quien en realidad estaba al frente de la finca, por lo que sólo rezaba como administrador por cuestiones legales. Su nombre, además, constaba en la cartilla de ganado del rebaño de cabras pese a que, según su propia declaración, nunca se interesó por los animales.