La Fiscalía pide tres años por encerrar a su madre alcohólica en su vivienda

I. C. S., un vecino de Córdoba capital, se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder de un presunto delito continuado de detención ilegal a su propia madre, a la que, según el fiscal, encerraba en su casa para que no pudiera beber debido a que padecía alcoholismo crónico.

Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, los hechos salieron a la luz pública en el mes de julio del año pasado. Al parecer, en diversas ocasiones y debido al estado de "alcoholismo crónico" de su madre, el imputado "ha procedido a encerrarla en su domicilio", para lo que llegó a emplear, incluso, una barra de acero soldada a la puerta de acceso a la vivienda.

De este modo, I. C. S. impedía la salida de su madre. Los aislamientos se prolongaban durante "varias horas", aunque nunca más de un día completo. Transcurrido este periodo, volvía a liberarla.

Uno de los supuestos episodios de detención ilegal se produjo el 13 de julio del año pasado. El encartado, según el relato provisional de acusación del fiscal, extrajo el pomo de la puerta del dormitorio de la madre, con lo que impidió que la mujer pudiera abrirla y, por tanto, acceder al exterior de la vivienda. El fiscal subraya que el hijo "obstaculizó de este modo su libertad deambulatoria". Una vecina que fue testigo de los hechos dio aviso de la situación en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Pasados unos minutos, los agentes procedieron a liberar a la mujer, que en ese momento relató sus periodos de encerramiento.

El Ministerio Público concluye que los hechos constituyen un presunto delito continuado de detención ilegal, por el que solicita para el acusado una pena de tres años, seis meses y un día de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La acusación pública también reclama que I. C. S. pague las costas del juicio, en el que declararán, además del procesado y la víctima, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, testigos y trabajadores sociales.