La Fiscalía de Córdoba ha archivado la denuncia que presentó Adelante Andalucía y el grupo municipal de Podemos contra la junta de gobierno local y el presidente de la Gerencia de Urbanismo por el cambio de nombre de las calles Avenida del Flamenco por Vallellano y Foro Romano por Cruz Conde. 

Según el fiscal jefe, Juan Calvo Rubio, de los hechos denunciados por ambas formaciones políticas "no se deducen indicios de que sean constitutivos de delito" y explica que la medida adoptada por el cogobierno municipal sde PP y Cs "se debe quedar fuera de su valoración en el procedimiento penal".

Así, aconseja a Adelante Andalucía y a Podemos que "debe ser en el procedimiento contencioso administrativo en el que con los diferentes argumentos, fundamentalmente históricos y culturales, al os que se pueden sumar otros de diversa índole se determine, si la nueva nomenclatura de las calles, que no coincide además con las que tenían con anterioridad al año 2018, supone una vulneración de los previsto en las normas".

En su decreto, el fiscal sostiene que la decisión adoptada por la junta de gobierno local "lo ha sido en función de las competencias que tiene atribuidas". Recuerda también que el cambio del callejero "ha sido objeto de debate conocido y público en los últimos años con argumentos favorables y contrarios". En esta línea, insiste en que "las discrepancias sobre esta decisión deben ser resueltas en el procedimiento contencioso-administrativo oportuno".

Por todo ello, insiste en que el cambio del nombre de las citadas calles "no reúne los requisitos para que sea considerada como constitutiva de delito de prevaricación" y tampoco se está "ante un supuesto en que se haya dictado una resolución que sea patentemente contraria a derecho, ni de una ilegalidad de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable". 

En su denuncia, además, ambas formaciones también se refirieron a que la medida pudiera ser constitutiva de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, el fiscal subraya que tampoco y "descarta la posibilidad de que estos hechos puedan ser constitutivos de dicha infracción". Es más, aclara que "no existe ningún indicio de que la finalidad del cambio de nombres de las calles tenga relación alguna con los bienes jurídicos que se protegen en el artículo referido".

Por ello, el fiscal ha archivado estas diligencias y recuerda que contra ella no cabe recurso alguno.

Adelante Andalucía presentó una denuncia contra el gobierno municipal de Córdoba por "vulnerar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" al devolver al callejero de la capital nombres de "dirigentes franquistas".

Según la denuncia, el motivo de eliminar los nombres que les precedían no era otro que "recuperar el carácter franquista de ambos personajes para el callejero cordobés burlando la legislación de memoria histórica mediante alusiones a un supuesto arraigo popular de los dirigentes genocidas".

El cambio de la rotulación de ambas vías tuvo lugar el pasado 10 de marzo. El gobierno municipal ya anunció que revertería a los nombres originales pero intentando respetar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Esto ha consistido finalmente en quitarle el conde a Conde de Vallellano y el José a José Cruz Conde. 

La decisión pasó los filtros jurídicos municipales, pero no así los de las asociaciones memorialistas y los de partidos como el PSOE o IU, ni tampoco Podemos. Fueron precisamente el PSOE e IU los partidos que durante el anterior mandato impulsaron el cambio del callejero, pero que cuando llegó el PP a Capitulares decidió echar atrás esta medida y volver a poner los nombres anteriores. 

El PSOE, además, solicitó amparo al Defensor del Pueblo, que admitió la queja y también se solicitó a la Consejería de Cultura de la Junta que impulsara la creación de un comité técnico que establece la Ley 2/2017 de Memoria Democrática, "para que estudie y resuelva este tipo de conflictos que dé garantía de legalidad a las decisiones".