La Fiscalía de Córdoba ha advertido de que debido a las incidencias acaecidas en la plantilla, con comisiones de servicios, traslados y servicios especiales, “la posible sección de delitos económicos no funciona como tal”, pese al “incremento y complejidad” de dichos asuntos.

Así se expone en la memoria anual del Ministerio Público referida a 2018, en la que se apunta que “se ha puesto en funcionamiento la especialidad de delitos económicos”, si bien, “pese a la escasez de recursos en la plantilla”, dicha materia “no se lleva en régimen de exclusividad”.

Al respecto, ha recomendado que “sería deseable” que “se despachasen específicamente por fiscales especialistas en la materia que, a su vez, permitiría que se examinase conjuntamente con la faceta concursal y la comisión de delitos en fase de ejecución”.

En este sentido, indica que existen “causas por blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, estafas agravadas, diligencias por delito contra la hacienda pública de tramas organizadas que actúan solo en la provincia”, a la vez que “se han incoado diligencias de investigación penal por fraude fiscal en el sector del aceite, fraude en el ámbito de la Seguridad Social”.

Delitos informáticos

En relación con delitos informáticos, el Ministerio Público ha precisado que los datos estadísticos sobre esta criminalidad durante el año 2018 en la provincia son “muy similares” a los del año 2017, aunque “se observa una ligera disminución de procedimientos incoados, que fueron 94 frente a 103 el pasado año –es decir, sólo siete procedimientos menos–”.

En concreto, se detalla que hay un incremento del número de escritos de acusación presentados ante los órganos judiciales –33 escritos acusatorios en 2018 frente a 31 en 2017–; un aumento de sentencias dictadas por los juzgados y tribunales –19 en 2018 frente a 16 dictadas en 2017–; un descenso del número de sujetos acusados –19 en 2018 frente a 20 en 2017–, y un ligero incremento de sujetos condenados –15 en 2018 respecto a los 14 del año 2017–.

Aunque, en términos generales, estas cifras reflejan un descenso en los procedimientos tramitados, “la actividad delictiva parece sostenerse en idénticos parámetros cuantitativos”, según ha manifestado la Fiscalía. En este caso, ha resalado que con anterioridad a 2016 “el mayor volumen de procedimientos en tramitación traía causa de la ausencia de limitación temporal en la instrucción de las causas judiciales, siendo a partir de dicho año cuando se ha concluido un buen número de procedimientos, por el efecto de la entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)”.