Córdoba

Expedientan a cinco policías por trámites irregulares en unas parcelas ilegales

  • Tres de los agentes están acusados de alterar pruebas y dos por falta administrativa · El jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, dimite y pide la recolocación en el Ayuntamiento

A falta de la investigación de la Fiscalía, la trama que rodea a la construcción de dos casas ilegales en la parcelación de Torreblanca -en la Carrera del Caballo- por parte de unos agentes de la Línea Verde de la Policía Verde y un escolta de la alcaldesa, Rosa Aguilar, se ha cobrado ya sus primeras víctimas. El Ayuntamiento ha abierto siete expedientes a cinco efectivos de este cuerpo de seguridad, a tres de ellos por la presunta manipulación de documentos públicos y pruebas y a los otros dos por supuestas irregularidades administrativas, según informaron a El Día fuentes municipales. Estas mismas fuentes apuntaron también la posibilidad de que los tres primeros acusados puedan haber incurrido asimismo en un delito de prevaricación en la tramitación de estas parcelas. Junto a los expedientados, otra de las víctimas de los hechos ha sido el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, aunque se han generado muchas dudas en torno a la forma en la que saldrá del cuerpo. Así, mientras hay círculos que apuntan a un ultimátum por parte de la alcaldesa, Rosa Aguilar, ésta afirmó ayer que ha sido el propio Serrano quien le ha pedido abandonar el cargo de forma provisional y recolocarse en otro área del Gobierno local hasta que se aclare la situación.

La regidora, que ayer compareció junto a la teniente de alcalde de Personal, Victoria Fernández, y el concejal de Seguridad, José Joaquín Cuadra, para informar sobre esta nueva situación, no ha aplicado, de momento, medidas contundentes contra los policías implicados. La regidora apuntó que estos efectivos, entre los que podría encontrarse el responsable del servicio de la Línea Verde, tan sólo dejarán la unidad en la que están actualmente y pasarán a otro destino de la Policía Local hasta que se determine la autoría de los hechos. Entretanto, Cuadra no se pronunció en ningún sentido a este respecto, a pesar de que se trata del máximo responsable del Área de Seguridad en el Consistorio y los hechos se desarrollan mientras él estaba al frente de esta concejalía. Tampoco declaró nada Fernández, aunque a la teniente de alcalde de Personal no le salpica tanto este asunto como al anterior.

Hoy es, por tanto, otro de los días claves para esclarecer este escenario, ya que la Junta de Gobierno Local elevará al Fiscal el informe que ha elaborado la secretaria general del Ayuntamiento, en calidad de instructora del caso. De este documento, al que sólo ha tenido acceso directo la alcaldesa, conocen, al menos, sus conclusiones generales los integrantes del cogobierno, el concejal del Grupo Popular Federico Cabello de Alba y los responsables de los principales sindicatos. Al hilo de esta situación, Aguilar abundó en la "transparencia" como principal objetivo.

También insistió la regidora en que en el informe de la instructora sólo se habla de "indicios, pero nunca de delitos" y que será el Fiscal quien determine el alcance de estas irregularidades y si éstas merecen o no cárcel en el caso de que se demuestre la culpabilidad de los agentes. Aguilar concluyó que el procedimiento que se sigue con los efectivos de la Policía Local "es el mismo que con cualquier otro ciudadano, aunque al tratarse de policías aplicaremos las mayores sanciones que se contemplan".

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