¿Cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa para convertirla en una proposición de ley? ¿Qué ingredientes lleva la tortilla de patatas? Estas son algunas de las preguntas que aparecen en la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (prueba CCSE) que imparte el Instituto Cervantes y que es uno de los requisitos necesarios para que los migrantes puedan obtener la nacionalidad española.

Un total de 1.265 personas en Córdoba se han enfrentado en los últimos siete años a la que también se conoce como prueba Cervantes; esto supone un aumento del 45,6% en los últimos cinco años y de más de 6.500% desde 2017, cuando apenas 19 personas se presentaron a la prueba y obtuvieron el certificado.

Los datos del año pasado exponen que 258 migrantes realizaron el test en alguno de los dos centros autorizados para ello en la provincia, que son Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Córdoba (UCOIdiomas) de El Vial, en la capital cordobesa, o en el centro Formación Global de Puente Genil. 

La mayoría de ellos la aprueban, un 97% el año pasado, y fue 2018 el año que dejó a más personas en el camino, aprobando, sin embargo, un 94% de los migrantes. Además de la ilusión de cumplimentar el primer paso para obtener la nacionalidad, la mayoría se esfuerza por aprobar porque en muchos de sus países de origen es difícil obtener documentación personal y pasaportes y, además, porque tiene un costo de 85 euros.

El edificio de UCOIdiomas se convierte en un lugar diverso en acentos y cultura una vez al mes, cuando se autoriza la prueba. El perfil de los interesados es variado pero la mayoría de los que se presentan en Córdoba son marroquíes, 159 personas, seguido de latinoamericanos: Colombia (106), Paraguay (92), Nicaragua y Venezuela (91), Honduras (82), Ecuador (72), Brasil (61), Cuba (54) o, por último, Parkistán (47).  

Así es el examen

Este examen acredita los conocimientos sobre la Constitución y el país que los ha acogido, su geografía, división político territorial, social o cultural y consta de cinco tareas y 25 preguntas divididas en dos grandes apartados: Gobierno, legislación y participación ciudadana y cultura, historia y sociedad españolas. Para preparar la prueba el Instituto Cervantes cuenta con una aplicación móvil que funciona como un simulacro del test, con preguntas de selección múltiple o verdadero/falso.

"La prueba no es nada difícil", admite Juan Torres, que ha presentado el examen junto a su hermana en enero en Córdoba tras tres años de haber llegado de su país, Venezuela. Para él, puede que la dificultad del examen "no sea alta para los latinoamericanos" debido a que "estamos muy emparentados con los españoles, hubo mucha inmigración y la mayoría de nuestros países, tienen un sistema político muy parecido, donde los principales poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial y funcionan de manera parecida", a excepción, claro está, de la figura de la monarquía. 

Juan considera que la prueba "es solo un trámite más" porque, afirma, "saber esas respuestas no es lo que garantiza nuestra integración, sí lo hace que trabajamos, cotizamos, pagamos impuestos y contribuimos a enriquecer la cultura del país". Eso sí, piensa que para otras nacionalidades, sobre todo aquellos que no hablan español o tienen un bajo nivel educativo, "hay ciertas preguntas que son lógicas, pero pueden llegar a confundir". 

Su hermana considera que gracias a la prueba "conocí muchas cosas que no sabía, curiosidades, cosas interesantes de España, fue positivo en ese sentido porque ahora también estaré mejor preparada para el colegio de mi hijo, que ha nacido aquí". 

Para superar la prueba, explica el instituto en su web, es necesario responder correctamente a 15 de las 25 preguntas, lo que significa que el candidato, para resultar apto para la obtención de la nacionalidad, debe responder correctamente al 60% de las mismas, resultados que se publican un mes después de presentarse y que permiten a los interesados continuar con el proceso de nacionalización, que incluye otros requisitos administrativos.

Además de la prueba Cervantes, los migrantes deben obtener el diploma que acredita el conocimiento del idioma castellano (examen DELE), para quienes no la tienen como lengua materna, que son 267 personas en Córdoba desde 2015, mientras que la mayoría (497), al provenir de países hispanohablantes, han podido saltarse este paso.