Emacsa paga 30.000 euros por los vertidos de Trassierra

El Ayuntamiento ha decidido dejar de pleitear en el caso de la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por los vertidos incontrolados de aguas residuales urbanas del núcleo de Santa María de Trassierra, que asciende a algo más de 30.000 euros. Tras haber perdido varios pleitos, tanto por parte del Consistorio como de Emacsa, el equipo de gobierno autorizó ayer a los servicios jurídicos a que pongan fin al proceso judicial de forma que se abone la multa.

La última sentencia recibida establece que el Consistorio es pagador subsidiario de una sanción que, en cualquier caso, corresponde abonar a la empresa de aguas. El problema sustancial es que los vertidos se realizan en una zona natural de valor como el arroyo del Molino ante la ausencia de una solución definitiva al sistema de canalización de aguas residuales de la barriada periférica. La última sentencia, aseguran los abogados municipales, es jurídicamente inatacable, por lo que el consejo legal es evitar un recurso que puede derivar en más gastos para el Ayuntamiento derivados de una condena en costas.

La canalización de las aguas residuales de Trassierra es un asunto que lleva años dando vueltas en los despachos municipales. Se han planteado diversas propuestas como una tubería hasta la zona de la Golondrina e, incluso, una depuradora propia. La inversión se incluyó en un convenio con la CHG, dependiente del Ministerio, que sin embargo multó al Consistorio por los vertidos realizados.