"¿Pero en las elecciones europeas también tenemos que votar?". Es una pregunta que estos días se escucha en la calle, al tiempo que se vive la cuenta atrás para el 9 de junio, el día en que cerca de 450 millones de ciudadanos de los 27 Estados miembros que actualmente componen la Unión Europea están llamados a las urnas para elegir a un total de 720 eurodiputados; España designará a 61 representantes, dos más que en los anteriores comicios, hace cinco años. Tan cerca y tan lejos. Porque la Unión Europea sigue siendo un concepto difícil de digerir para muchas personas. Origen de todos los males en los recientes conflictos por la situación del campo, cementerio de elefantes al que los grandes partidos envían a sus viejas glorias para otros o hucha sin fondo para arreglar calles y plazas, Bruselas se sigue imaginando como un más allá de difícil comprensión para millones de ciudadanos.

Pero, ¿qué se juegan un territorio como Córdoba y una región al Sur del Sur como Andalucía en estas elecciones? Antonio Bueno Armijo, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Córdoba por la tesis Las subvenciones de la política agrícola común. Régimen jurídico de la recuperación de las ayudas agrícolas comunitarias (2010), arruga la nariz cuando se le hace la pregunta: "La pregunta es muy difícil de contestar sin mentir un poco", se sincera.

"Ahora mismo en la Unión Europea nos encontramos con un sistema político que tiene tanta importancia como pueden tener el Gobierno de la nación o el autonómico. La pregunta de qué se juega Córdoba en las elecciones al Parlamento Europeo sería la misma que cuestionar qué se juega Córdoba en las elecciones al Congreso de los Diputados o al Parlamento de Andalucía. Se lo juega todo, porque la Unión Europea, en 2024, está presente en absolutamente todos los ámbitos de la vida que nos podamos imaginar".

El experto esgrime el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las preocupaciones de los españoles. Entre las primeras se sitúan la crisis económica, el mal comportamiento de los políticos, el empleo o la inmigración. "En todas las cuestiones que ocupan los primeros puestos, salvo en sanidad y vivienda, la intervención de Europa es determinante", advierte. Y pone como ejemplo la crisis económica: desde que España entró en la UE en 1986, la economía nacional está integrada con la de los otros Estados porque existe un único mercado. "Así que las principales decisiones sobre la política económica las toma el Banco Central Europeo. Y esto incluye, por ejemplo, el tipo de interés que se paga con las hipotecas o el control de la inflación, que son asuntos que tanto nos preocupan", expone.

También depende de Bruselas la política migratoria, porque existen unas fronteras comunes: "Es decir, las fronteras con Marruecos son tan españolas como francesas o finlandesas". Y abunda: "Hasta hace relativamente poco las normas sobre el control de las fronteras eran europeas, si bien la ejecución dependía de cada Estado miembro. Pero en 2027 está previsto que funcione un cuerpo con 10.000 empleados de la Unión Europea para desplazarse a cualquier territorio para controlar las fronteras. Y esos funcionarios no trabajarán para ningún país en concreto, sino que dependen directamente de Bruselas".  

Por no hablar de los fondos europeos: "Lo más importante del actual mandato ha sido la política de expansión europea, los llamados fondos Next Generation", explica el doctor Bueno Armijo. "Después de la crisis sanitaria nos encontramos con una crisis económica, pues las economías se paralizaron y había que reactivarlas. El paquete económico puesto en marcha alcanza un nivel sin parangón hasta ese momento, lo que ha permitido poner en marcha buena parte de las economías nacionales. Y un tecnicismo muy importante: por primera vez, la UE a escala masiva ha pedido dinero prestado, una especie de emisión de deuda pública que nunca había ocurrido. Esto supone un punto y aparte en la solidaridad entre los Estados miembros".

Según el portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España ha asignado desde enero de 2021 un total 69.000 millones de euros en distintas convocatorias de ayudas, de las que se han ejecutado 35.000, lo que equivale a un nivel de resolución del 56%. En Andalucía, han sido 4.168 los millones asignados, con una tasa de resolución del 48%. 

Y no solo están los Next Generation, pues más de tres cuartas partes del presupuesto de la UE se gestiona conjuntamente con las administraciones nacionales y regionales mediante un sistema de gestión compartida y principalmente a través de cinco grandes fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), donde se incluye la estrategia Leader. Se trata de un método de desarrollo que lleva 20 años utilizándose para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la puesta en marcha de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus zonas rurales.

Para el desarrollo de estas políticas juegan un papel esencial los grupos de desarrollo rural (GDR), ahora inmersos en la elaboración de sus nuevas estrategias hasta 2027. En toda Andalucía funcionan 47 GDR (siete de ellos en Córdoba). Muchas de sus oficinas se ubican en pequeños núcleos y, en estos casos, son las únicas estructuras supramunicipales que dinamizan los territorios y acompañan desde el primer momento a los emprendedores.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y alcalde de Montilla, Rafael Llamas, incide en la importancia de los GDR: "Con su trabajo ayudan a que cada territorio busque sus posibilidades de desarrollo e identifique cuáles son esos sectores donde verdaderamente se esconde potencial. Y, una vez identificados, ayudan a las personas emprendedoras a que las ideas se conviertan en proyectos tangibles. El turismo rural es un ejemplo". "¿Qué sería de los pequeños municipios rurales de montaña y de áreas aisladas si no hubieran contado con el apoyo de los GDR?", reflexiona. 

Estos meses están siendo de una "enorme actividad" para los emprendedores, que están ejecutando sus inversiones, y de los GDR, que se encuentran finalizando el actual programa 2014-2022, lo que "implica una importante carga de trabajo de asesoramiento, acompañamiento, tramitación y justificación de las ayudas concedidas", explica Llamas. Al mismo tiempo, comienza un nuevo marco de programación en el que los Grupos tienen que diseñar la hoja de ruta de los territorios para los próximos años. Se trata de la denominada Estrategia de Desarrollo Local Leader, puerta de acceso a los fondos europeos. Llamas subraya la importancia de ir a votar “ahora más que nunca un proyecto europeo fuerte”. 

La "supervivencia del mundo rural", en juego

Protesta del mundo rural el pasado febrero en Madrid.

"Para la supervivencia del mundo rural español y europeo, estas elecciones europeas son mucho más que una mera cita electoral ya que, si no son viables las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales, se dará lugar al abandono de muchas de ellas. Por tanto, es en Europa donde nos jugamos buena parte de la viabilidad y competitividad y la conservación del medio ambiente y del mundo rural", explica por su parte el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, que en los últimos años se ha mostrado muy crítico con el reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Fernández de Mesa incide, de hecho, en los "brutales recortes" de las ayudas: "La Comisión Europea ha incluido en la aplicación de la nueva PAC que entró en vigor en 2023 las nuevas estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad, y como consecuencia de ello han aumentado sustancialmente las exigencias en lo que respecta a la producción sostenible, sin haber hecho antes estudios del impacto que iban a tener estas estrategias en nuestra agricultura y ganadería", advierte.

"En Europa, algunos parecen haber olvidado que asegurar la soberanía alimentaria y el acceso a los alimentos de calidad a precios razonables para proteger a los ciudadanos europeos es el primer objetivo con el que nació la PAC. Y esto se ha perdido en los últimos años en favor de políticas verdes ideológicas, demagógicas y faltas de rigor científico, basadas en otros intereses, que están llevado a Europa a una mayor dependencia de terceros países que no cumplen los estándares de calidad exigidos en la UE", lamenta.

De ahí que, para Asaja, haya unas prioridades claras para el próximo mandato: "Revisar los acuerdos comerciales, que se exija el incremento de las medidas de control en frontera y que se introduzcan cláusulas espejo para exigir a las producciones que vengan de terceros países los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE se hace necesaria una revisión de la PAC, entre otras cuestiones, para aumentar nuestra capacidad productiva e ir disminuyendo la dependencia de países terceros".

Asaja ha sido partícipe de algunas de las protestas protagonizadas por el campo en meses pasados contra las políticas verdes de la Unión Europea. ¿Se ha cambiado algo? "Ahora vemos que altos representantes de la UE, que nos impusieron el nefasto pacto verde europeo, dicen que la agricultura y la protección del mundo natural pueden ir de la mano y que ambas cosas son necesarias, así como que la producción de alimentos saludables es la base de la política agraria de la UE y también la importancia de ser autosuficientes. Esperemos que pasen de las palabras a los hechos, pues es justo lo contrario de los que han hecho. Por ello, los resultados de las elecciones europeas van a ser fundamentales y hay que votar masivamente y a quienes mejor defiendan al campo", anima Asaja. 

Para la organización agraria, "es urgente que se cambie la actual PAC de forma inmediata". Y ello porque "es una PAC con menos dinero, más burocracia, más obligaciones y menos producciones, que ha traído nefastas consecuencias para el conjunto del campo cordobés, andaluz y español".

Una "oportunidad clave" para las empresas

Albares y Garamendi, a finales de abril.

Para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), "el periodo 2024-2029 supone una oportunidad clave para que la Unión Europa sitúe la competitividad y el crecimiento económico en el centro de sus políticas". Desde el plano económico, una provincia como Córdoba y una región como Andalucía se juegan "mucho, y más dentro del orden mundial global en el que las compañías compiten". "Estamos convencidos de que aumentar la competitividad de nuestras empresas y de nuestras economías es crucial para poder afrontar los desafíos internos y externos de máximo calado a los que nos enfrentamos en estos momentos", explica la patronal.

"Además, el compromiso de los entes públicos, españoles y europeos y de las empresas con la colaboración público-privada debe ser piedra angular para lograr estos objetivos durante el próximo ciclo, en el que es esencial seguir impulsando el papel de España en la UE y velar por que nuestras prioridades estratégicas como país lo sean para el conjunto de la UE y se reflejen en la agenda europea de los próximos cinco años", razona la patronal.

Y es que, para España, "la Unión Europea es un escenario muy importante". España constituye la cuarta economía de Europa, continente que es el destino del 65,5% de las exportaciones españolas y del que se reciben el 44,7% de las importaciones. "Y, además de tener en cuenta las cifras económicas, no podemos olvidarnos que Europa es la cuna de nuestras raíces culturales y de nuestros valores democráticos, clave para el futuro social y económico de España", inciden.

El ciclo institucional 2019-2024 ha estado marcado "por la necesidad de responder a una consecución de crisis globales", que indudablemente tuvieron su crisis en Córdoba y Andalucía. La primera, recuerda la CEOE, fue hacer frente a la salida efectiva del Reino Unido de la UE, la primera vez que ocurre en el seno de la Unión. Además, la Comisión Europea estableció en 2019 como objetivos prioritarios de la legislatura la puesta en marcha de las transiciones verde y digital. "Sin embargo, la pandemia que cambió el mundo en 2020 hizo que la prioridad fuera dar respuestas contundentes ante esta crisis y, tras salir de esta, a las consecuencias de la guerra de invasión rusa en Ucrania. Dos crisis de impacto global que han hecho palpables las vulnerabilidades de la UE. Ya fuese en materia de seguridad, de excesivas dependencias externas, como de desequilibrios macroeconómicos", argumentan.

De esta manera, durante este ciclo, la UE ha tratado de buscar maneras de incentivar la inversión y reducir la inflación, de impulsar su capacidad de adaptación y resiliencia ante emergencias sanitarias o ante la necesidad de asegurar la seguridad de suministro energético, bienes esenciales y materias primas fundamentales, sin olvidar los desafíos propios de los mercados laborales.

La respuesta de la UE a las crisis globales requirió de "respuestas valientes y solidarias", como los fondos NextGeneration, el sistema de adquisición conjunta de vacunas, la compra conjunta de gas para diversificar el suministro, junto a medidas para acelerar la transición hacia una energía limpia y aumentar la eficiencia energética o la compra conjunta de armamento acompañada de la reflexión hacia una verdadera estrategia para reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, argumenta la patronal.

Para el nuevo mandato, las propuestas de la CEOE se articulan en torno a nueve ejes. El primero es el relativo al establecimiento de un marco regulatorio para la competitividad; el segundo recoge propuestas para completar el mercado único, como prioridad central; el tercer bloque está relacionado con un entorno económico y fiscal que impulse la inversión; el cuarto sitúa la competitividad en el centro de la transición verde, pues según la CEOE "España puede convertirse en un hub estratégico para la descarbonización de la economía europea y para el desarrollo de la economía circular". 

El quinto eje incluye medidas para consolidar la digitalización de la economía; el sexto es el relacionado con el impulso a la innovación; el séptimo bloque apela al diálogo social a nivel europeo para la creación de empleo y también al fomento de la movilidad laboral entre Estados miembros mediante la mejora del reconocimiento de cualificaciones y políticas de migración ordenada y segura. El octavo eje es el relacionado con la necesidad de una política exterior reforzada y una política comercial y de inversión abierta. Por último, el documento que Antonio Garamendi entregó al ministro de Unión Europea, José Manuel Albares, recoge medidas para consolidar una "España estratégica en un marco institucional ágil".