Los trabajadores de los centros de protección de menores, centros de participación activa y trabajadoras del Servicio de Dependencia, tanto valoradoras como las que desarrollan los Programas Individuales de Atención (PIA) de Córdoba se han concentrado frente a la Delegación Territorial de Salud y Familias para exigir su vacunación ante el covid.

Ningunos de los profesionales de estos colectivos, considerados servicios esenciales, han recibido la dosis frente al covid en la provincia de Córdoba. Según ha indicado el secretario de administración autonómica y sector público andaluz de la FESP UGT de Córdoba, Manuel Jiménez Luna, en la mayoría de las provincias andaluzas sí se ha procedido a la vacunación del sector, por lo que se denuncia "una discriminación por parte de la Delegación de Salud en Córdoba".

Unos 400 trabajadores se ven afectados por esta situación: 200 profesionales directos de los centros de protección de menores, 80 trabajadores directos de los centros de participación activa y medio centenar de valoradoras (trabajadoras sociales del PIA).

Jiménez también hace referencia a los los trabajadores indirectos a los que considera que también hay que vacunar. "Se han sufrido varios brotes y no se les ha hecho ninguna PCR, sólo a los que están más en contacto con los niños, pero el resto de personal también está 24 horas, limpiadoras, cocina, conserjes...", ha asegurado. UGT afirma que se trata de una situación que se viene prolongando desde hace un tiempo y denuncian el abandono al colectivo.

Estos profesionales se encuentran dentro del grupo 3B Y 3C de la estretegia de vacunación del Ministerio de Sanidad, así como en el Programa de Vacunación Covid-19 de la Junta de Andalucía. Desde la sección sindical de UGT en la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Pilar Marín, ha asegurado que no entiende este "abandono" y denuncia las incongruencias en la gestión, ya que "se están vacunando a grupos de una prioridad inferior, y a ellos ni se les llama".

Marín se ha dirigido a la Consejería de Salud y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para denunciar la situación y ha afirmado que, "la consejería está faltando a su responsabilidad, no está valorando el trabajo de estos colectivos".

Los representantes sindicales han asegurado que existe un "agravio comparativo" con los docentes de educación, al igual que con el personal de ayuda a domicilio, colectivos ya vacunados. "Se pone en riesgo a los usuarios y a los propios profesionales que conviven con estos menores o asisten a los mayores", ha indicado Pilar Marín. 

Durante la pandemia, este personal asegura que ha prestado sus servicios sin las debidas medidas de seguridad, además de sufrir brotes en algunos de los centros, teniendo incluso que llegar a cerrar, con el "riesgo" que supone para los profesionales y usuarios, en ocasiones con especial vulnerabilidad.

Según el plan de vacunación de Andalucía, se están inoculando 500.000 dosis por semana en la comunidad autónoma, una cifra que desde el sindicato no comprenden. "El descontento es máximo con los criterios y la coordinación que se está desarrollando por parte de la consejería", ha afirmado Marín.

Desde UGT no descartan tomar otras medidas más drásticas si no se obtiene una respuesta positiva y una fecha certera de cuándo se va a proceder a la vacunación.