Los problemas que cada año acompañan al proceso de escolarización, principalmente originados por el exceso de demanda y la falta de plazas en determinados centros, se ven reflejados en las reclamaciones que recibe la Delegación de Educación por considerar que existen irregularidades en el procedimiento de matriculación. Este año han sido 61 las alegaciones presentadas por las familias a la Administración, según los datos facilitados a El Día, lo que supone una reducción del 54% respecto al año pasado, cuando se recibieron 135 recursos. Estas reclamaciones son denuncias de una persona contra otra por motivos como la falsedad en el domicilio familiar, porque la pareja no está separada realmente o por estar empadronadas en otro domicilio. Este tipo de situaciones otorgan una puntuación determinada que hace que algunas familias tengan más puntos que otras y puedan acceder así a una plaza de manera ilícita, al entender de los que presentan los recursos.

Tras la presentación de estos recursos de alzada, la Administración tiene un plazo de un mes para contestar. Si Educación no responde en este tiempo, los padres pueden ir por la vía de lo contencioso-administrativo en los dos meses siguientes y, además, solicitar medidas cautelares. Éstas sirven para que el alumno pueda permanecer en el centro elegidos por los padres hasta que los tribunales resuelvan de manera definitiva, tanto a favor como en contra. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya dictó una sentencia la semana pasada en la que da el derecho a los padres de Sevilla de tener una plaza en un colegio concertado pese a la saturación del centro.

En total, las familias han presentado 256 solicitudes ante la Delegación de Educación contra el proceso de escolarización, de las que 226 se refieren a peticiones de aumento de ratio de familias que no han conseguido que sus hijos estén matriculados en el mismo colegio en el que están sus hermanos, según los datos facilitados por la Federación de Padres de Alumnos de la concertada, FAPA- Córdoba. El presidente de este organismo, Miguel Ángel Barneto, aseguró además que "todavía hay 67 niños de primero de Infantil cuya matrícula está aún sin resolver"; es decir, que todavía no tienen plaza. En cualquier caso, Educación ha conseguido reubicar a 218 alumnos en otros centros de la capital, aunque no eran la primera opción de los padres.